- Agencias. GANDIA

S. C. tenía 20 años. Llevaba cinco meses residiendo en Gandia (Valencia) con su pareja y el hijo de ambos, un pequeño de tres años, hasta que en julio denunció al hombre por malos tratos. El titular de los juzgados de Gandia dictaminó una orden de alejamiento de 300 metros, pero M. Z. C., también rumano, de 23 años, se la saltó. A última hora de la tarde del domingo abordó a la mujer cuando paseaba por el paseo marítimo de Gandia con un amigo y su pequeño. Enfrente de la tienda donde la joven trabajaba, el agresor le asestó hasta doce puñaladas – en cuello, tórax y nalgas- y otro par al joven que caminaba con ella, que fue alcanzado en la espalda.

Mientras la mujer era trasladada al hospital Francesc de Borja de Gandia, donde fue intervenida, algunas personas siguieron al agresor y advirtieron a la policía local de su paradero. La gravedad de las heridas de la joven obligó a llevarla al hospital Clínico de Valencia, donde falleció. Por su parte, el joven agredido, un ecuatoriano de 20 años, que también fue conducido en un primer momento al hospital gandiense, tuvo que ser trasladado a La Fe de Valencia, donde permanece ingresado en la unidad de reanimación.

La primera teniente de alcalde de Gandia, Liduvina Gil, indicó que según la familia del agredido, éste acompañaba a la mujer para darle “apoyo por los malos momentos que estaba viviendo”, tras la separación de su ex pareja y la presentación de la denuncia por malos tratos.

El agresor fue detenido por la policía local pocos minutos después del suceso, todavía con el arma en la mano. La Generalitat se ha hecho cargo de momento de la custodia del niño de tres años.

Liduvina Gil, también delegada del área de Mujer en el Ayuntamiento de Gandia, afirmó a Efe que parece “mentira que aunque se hagan leyes sea complicado proteger a la mujer en estas situaciones”.

“Resulta difícil poder vigilar y proteger a las mujeres”. Se trata de un trabajo, dijo, “desde las Administraciones, día a día, en centros escolares o en asociaciones para eliminar esta lacra”.

Ayer tuvo lugar un acto de repulsa por esa última muerte por violencia sexista – 51 en lo que va de año- frente al Consistorio, donde se leyó un manifiesto en el que se señala que “la violencia, cuya muestra más cobarde e ilegítima de rechazo es la que se da por motivo de género, debe ser denunciada, castigada y prevenida con toda la fuerza de la ley”.

Por su parte, la presidenta del Observatorio Estatal de la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, confirmó el incremento del número de mujeres fallecidas este año que contaban con una orden de alejamiento contra su agresor. En declaraciones a Europa Press, señaló que esto se debe a que las mujeres denuncian más. “Las campañas de sensibilización están siendo eficaces y, en consecuencia, el Estado debe adoptar los medios necesarias para proteger a las víctimas”. Por ello, reclamó que se habiliten los recursos adecuados para permitir que los jueces puedan dictar la imposición de pulsera electrónica para agresores imputados por violencia sexista con medidas cautelares impuestas, en los casos en los que se aprecie un grave riesgo para la vida de la víctima.