El Gobierno de Estados Unidos está planeando una campaña contra inmigrantes indocumentados en los lugares de trabajo, anunció un portavoz del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

El departamento anunciará en los próximos días la versión final de una norma que requeriría a los empleadores despedir a los trabajadores que falsifiquen documentos de identidad. Aquellos que no cumplan enfrentarán multas de hasta $10,000.

La regla, propuesta el año pasado, se vio postergada cuando el Congreso emprendió la reforma migratoria integral, un intento que fracasó en junio.

Habrá de hecho consecuencias muy duras para aquellos empleadores que elijan descaradamente no tomar en cuenta la ley, informó el vocero del DHS, Russ Knocke, quien no quiso adelantar más detalles.

Actualmente se solicita a los empleadores que verifiquen que sus trabajadores están en Estados Unidos legalmente, a través de sus números de Seguridad Social y documentos inmigratorios. Esos números se contrastan con la base de datos del Gobierno y se notifica a los empleadores sobre aquellos que no coinciden.

Hasta un 10% de los 250 millones de informes de sueldos que cada año se envían a la Administración de Seguridad Social no coincide, según el DHS, aunque muchos de esos se deben a errores en el registro de antecedentes.

Bajo la norma propuesta, los empleadores tendrán que responder rápidamente cuando se les notifique la falta de coincidencia, ya sea que corrijan cualquier error administrativo o despidan a quienes se descubre que están en el país ilegalmente.