El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, salió ayer en defensa de la gestión que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la derivación de menores inmigrantes desde el Archipiélago, y apuntó que las comunidades autónomas «no quieren acoger» jóvenes inmigrantes no acompañados
Aunque subrayó que prefiere «trabajar y no contestar a las críticas» que hace el Gobierno de Canarias, Segura sí quiso aclarar que el Estado intenta hacer la gestión y facilita el equipamiento y el transporte de los menores, pero son los distintos gobiernos autonómicos los que deben decidir la acogida «y no quieren». Agregó que «con la ley actual, no se puede obligar a nadie. Es la realidad que tenemos».
Según señaló el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, esta misma semana, la Comunidad autónoma tutela en este momento a más de 700 menores que conviven en los cuatro centros propios y en los dependientes de los cabildos insulares. El Ejecutivo autónomo critica que, a pesar del compromiso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de que en las Islas sólo permanecerían 300 menores, desde el pasado mes de mayo no se producen derivaciones y existe riesgo de desbordamiento de los centros.
A este respecto, el delegado del Gobierno apuntó que, si los centros son insuficientes «habrá que hacer otros y seguir en la labor humanitaria que se está haciendo, porque estamos hablando de seres humanos, no de mercancía». Apostilló que «poco a poco se le va dando salida a la situación».
Por otro lado, José Segura anunció ayer que Canarias dispondrá de tres nuevos centros todos ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para la primera atención a los inmigrantes que llegan a las costas de las Islas. Los irregulares permanecerán en las mismas 72 horas, hasta que exista resolución judicial de expulsión del país y sean trasladados a los centros de internamiento en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura donde permanecerán hasta 40 días.
Ayer mismo, José Segura visitó las instalaciones de El Hierro, con capacidad para acoger a 200 personas. Estas dependencias de estructura prefabricada fueron utilizadas por primera vez por los inmigrantes que llegaron en cayuco a la Isla la semana pasada. Está construido sobre una parte de un antiguo campo de tiro propiedad del Ejército y su coste que se eleva a unos 800.000 euros ha sido financiado por el Ministerio de Interior.

Dignos. Según explicó José Segura, se trata de un establecimiento «muy digno» que cuenta con un área administrativa donde el juez tendrá un despacho; módulos de literas con distinta capacidad; comedor; servicios higiénicos, lavandería; generador de corriente con depósito de combustible; agua potable o salida de aguas residuales.
El delegado recordó que hasta ahora, al no existir ningún centro de etas características en la Isla, los inmigrantes que llegaban hasta las costas herreñas eran acogidos en la Administración Insular del Gobierno «por la generosidad del director insular, pero no está acondicionado para esta función». El año pasado llegaron a El Hierro un total de 2.000 indocumentados a bordo de cayucos.
En La Gomera también están ya «disponibles» unas instalaciones simliares, que igualmente tienen capacidad para acoger a 200 personas y que también ha sido costeado por el Gobierno central.
Mientras, en Tenerife está prevista la ubicación de otro centro en la trasera de la comisaría del sur «en breve espacio de tiempo». Al tratarse de estructuras prefabricadas «se montan en un mes», dijo el delegado del Gobierno en Canarias.