Si hace apenas unos días era la denuncia de la ONG Human Rights Watch la que hacía saltar las alarmas sobre la situación de los menores inmigrantes internados en centros de acogida de Canarias, ayer fueron las autoridades de las islas y las de Melilla las que responsabilizaron al Gobierno central de la saturación de sus instalaciones.

La consejera de Bienestar Social de la ciudad autónoma, María Antonia Garbín, advirtió de que la llegada de 11 nuevos chavales el pasado fin de semana – con lo que ya son más de 250 los que residen en el principal centro para este colectivo de Melilla – «puede producir alguna desgracia». Garbín señaló, en declaraciones recogidas por Europa Press, que se está produciendo «la mayor entrada desde hace muchos años» y «no hay más sitio».

En Canarias fue su presidente, Paulino Rivero, el que pidió explicaciones y anunció que en septiembre instará a José Luis Rodríguez Zapatero a dar cuenta de sus «incumplimientos» sobre la derivación a la Península de menores inmigrantes no acompañados. Y apoyó con datos sus quejas, al aseverar que, pese a que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió hace 11 meses a evitar que el cupo sobrepasara las 300 plazas, hoy en día se superan las 700.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García – Arreciado, destacó a Efe la dificultad para repatriar a los menores marroquíes: más de un centenar permanecen en el centro de La Esperanza. El responsable no obvió las razones que, a su juicio, han conducido a esta tesitura: «Las relaciones con Marruecos no permiten que se tramiten los documentos para la vuelta de estos chicos que, en la mayoría de los casos, no pertenecen ni a familias desestructuradas ni humildes, simplemente han decidido que se críen en Ceuta».

Hasta 16 se fugaron ayer – dos habían sido encontrados al cierre de esta edición – de una residencia escolar en la localidad granadina de Motril, un alojamiento provisional habilitado para el verano dado que el resto de dotaciones de la provincia y de Almería están «desbordadas». La consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía achaca a la falta de colaboración del Gobierno alauí el que ningún menor haya sido devuelto en los últimos tres años.

Caldera, sin embargo, avanzó ayer que los expedientes de los menores marroquíes están «prácticamente finalizados» y que, una vez cumplido este requisito, el país vecino los aceptará. El ministro destacó que los acuerdos del Ejecutivo para regular los flujos migratorios están dando fruto: la reducción en un 60% de la llegada de cayucos en 2007.