Las mafias aprovechan que los jóvenes no son repatriados para traerlos de forma masiva en patera Las mafias han abierto en Almería un nuevo filón con el tráfico de menores en pateras. El garantista sistema de acogida español está siendo aprovechado por las redes de la inmigración clandestina, que en los últimos años han puesto en peligro la vida de cientos de jóvenes, con una media de edad de 15 años, con el visto bueno de sus familias y la vista gorda del Gobierno marroquí, puesto que, aproximadamente, el 98% de los menores de 18 años que llegan en patera a la provincia procede del país vecino.

Además, hasta el momento, tal y como han denunciado los responsables de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, ni el Gobierno marroquí ni el Consulado en Almería han colaborado para devolver a su país de origen a aquellos menores que no se encuentran en situación de riesgo en su país. Este es el verdadero cuello de botella que impide a la Administración española repatriar a los menores marroquíes, y lo que ha hecho posible que más de 900 jóvenes se hayan reagrupado en Almería en los últimos tres años con parientes de su familia extensa. Entre ellos están 31 de los últimos 34 llegados la pasada semana.

Esta situación ha provocado, lógicamente, un efecto llamada aprovechado por las mafias.

La Junta de Andalucía ha informado de que las trabas de las autoridades marroquíes han impedido en los últimos tres años la repatriación de un solo menor de edad a su país. La Delegación de Igualdad en Almería ha vuelto a trasladar estos días al Consulado de Marruecos 38 expedientes de jóvenes llegados recientemente que podrían ser repatriados, puesto que se ha comprobado que no se encuentran en situación de riesgo. Además, existen al menos otros 300 jóvenes interceptados en los últimos tres años en Almería que también podrían ser repatriados si el Consulado da el visto bueno, un trámite necesario.

Pese a la habitual postura reticente del Consulado a tramitar las repatriaciones, en los últimos días se ha celebrado una reunión con responsables de la Administración Autonómica y del Estado en Almería, en la que se ha comprometido a promover la vuelta de los menores, cuyos expedientes tramite la Junta.

Pero, al margen de ello, el negocio de las pateras y los menores es tan floreciente que ha dejado pequeño el tráfico de drogas, al tiempo que ha provocado el colapso en los centros de acogida en Almería en continuas oleadas desde hace tres años y este mismo verano. Esta situación ha llevado al delegado de Igualdad en Almería, Luis López, a reconocer que el sistema de protección de menores está «reventado».

No en vano, sólo en el mes de julio fueron interceptados 179 menores de edad cuando navegaban en patera en aguas de la provincia. De ellos, más de 160 han sido reagrupados con familiares, en su mayor parte tíos o primos que trabajan en Almería u otras provincias españolas. Así, cada vez llegan más menores y cada vez son más jóvenes, como prueba que en la última embarcación, detectada el 31 de julio frente a las costas de Almerimar, viajaban 33 menores de edad – con una media de 15 años, aunque dos de ellos tenían sólo 12 – junto a un grupo similar de adultos. Ese mismo día fue interceptada otra patera en la que el número de adultos y menores era también muy similar, algo que sólo ha empezado a ocurrir en los últimos años.

El hecho de que los menores no sean repatriados, al contrario de lo que sucede con los adultos, ha encarecido también el precio de su billete. Los últimos niños que han sido acogidos por la Junta declararon haber pagado entre 1.500 y 1.600 euros por la travesía, dinero que es aportado en la mayor parte de los casos por sus padres, mientras que un adulto puede bajar hasta los 1.000 euros, aunque depende de la red mafiosa, puesto que algunas también cobran 1.600 euros, si bien ofrecen hasta tres posibilidades en el caso de que sean interceptados.

La imposibilidad de la repatriación ha hecho aumentar la picaresca entre los mayores de edad, que en muchos casos declaran tener menos de 18 años. Ello ha obligado a la Administración a practicar a los jóvenes sobre los que existen dudas unas pruebas oseométricas que determinan con seguridad su minoría de edad.

Entregados a tíos o primos en situación legal y con trabajo

Cuando la Junta de Andalucía recibe a un menor marroquí está obligada a acogerlo, pues debe comprobarse que no es devuelto a una situación de riesgo. El primer paso es contactar con los padres en Marruecos, puesto que la mayoría de los menores tiene su teléfono.

Por lo general, los padres no quieren que sus hijos sean repatriados, pues ellos mismos han pagado, habitualmente, el precio de la travesía. Por ello, suelen ofrecer el número de otros parientes de la familia extensa que ya viven en España, sobre todo tíos o primos. A continuación, la Junta se pone en contacto con ellos y son citados para una entrevista. En ella confirman que se encuentran regularizados en España y que tienen domicilio y trabajo. Luego, los niños son entregados, en un procedimiento similar al que sigue la Junta con españoles en situación de desamparo, pues se trata de que no pierdan los lazos familiares.

La gran diferencia estriba en que, para la Junta, la mayoría de los marroquíes que llegan en patera no está en situación de desamparo, puesto que una mala situación económica en una familia no está considerada como un riesgo para el menor por sí misma. «Estos niños vienen de familias pobres, pero tienen unos padres que les quieren y les cuidan», explica Luis López, delegado de Igualdad en Almería. Por el contrario, para determinar la situación de riesgo es necesario que exista otra serie de condiciones, como maltrato, dejación de funciones de los padres o abusos.

López ha asegurado que muchos de los menores interceptados en julio no tienen «situación de desamparo» y obstaculizan, en consecuencia, la atención a los que sí están en situación de riesgo. Y es que, entre los jóvenes que han llegado el último mes, se encuentran hijos de funcionarios, policías y médicos, es decir, menores que proceden de familias sin problemas económicos. En algunos de estos casos se trata, según ha podido saber este periódico, de hijos de familias contrarias al régimen marroquí.