El primer trabajo que pedirá el Ejecutivo a las Naciones Unidas, cuando se asigne a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es que investigue la existencia de cuerpos paralelos y la infiltración del crimen organizado y aparatos clandestinos en la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario y la Dirección General de Migración.

Un día después de que el Congreso aprobara de urgencia nacional la ratificación del convenio entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de la Cicig, el vicepresidente Eduardo Stein comentó ayer que ya ha habido un diálogo informal con la secretaría política de esa organización, en función de escoger temas o casos emblemáticos con los que la Comisión pueda empezar su trabajo, una vez esté instalada en el país.

“El Ejecutivo no puede ir más allá de la propias instituciones bajo su jurisdicción, como lo sería la PNC, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario, donde hay claros indicios de que aparatos clandestinos y grupos paralelos de seguridad han estado funcionando.

Deberíamos pedirle a la Comisión que empiece las investigaciones por ahí”, señaló Stein.

Recordó que trabajos de investigación periodística y procesos de fortalecimiento institucional han descubierto cómo estructuras criminales organizadas están infiltradas en Presidios, y de qué manera el crimen organizado está involucrado en el tráfico ilegal de personas y negocios de visas, por ejemplo.

Al servicio de redes

Santos Cuc, director general de Migración, consideró clave una investigación de expertos extranjeros, para determinar el grado de infiltración que tiene el crimen organizado en fronteras y dependencias de la Dirección a su cargo.

“Nosotros tenemos indicios de que hay algunos empleados que están al servicio de redes bien organizadas, que logran conseguir documentación de forma anómala para traficar personas, visas, pasaportes; y suponemos que es una red la que está infiltrada”, comentó Cuc.

Margarita Castillo, directora del Sistema Penitenciario, reconoció que desde los centros carcelarios del país se planifican extorsiones, secuestros y asaltos, esto porque reos de alta peligrosidad, pese a estar condenados por delitos cometidos, siguen operando con relativa facilidad.

“Hay denuncias anónimas de los propios reos sobre las extorsiones que otros privados de libertad realizan desde adentro, y aunque se hacen operativos que permiten confiscar armas y celulares y se refuerzan los controles, los contactos de estos grupos con bandas organizadas les facilitan volver a estructurarse”, admitió Castillo.

El caso más reciente, que evidenció la incrustación del crimen organizado en instituciones del Estado, fue el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, en febrero de este año.

Por el crimen fueron capturados jefes de la PNC, que luego fueron asesinados en prisión, y otros más están procesados por el mismo delito, el cual es atribuido al narcotráfico; hasta se mencionan nombres de diputados guatemaltecos como responsables.

La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, coincidió con Stein en que el trabajo de la Cicig es indispensable para sanear la PNC, pues de otra forma no lograrán desarticular redes del crimen organizado en las filas de la institución.

Julio Balconi, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, dijo que otro punto que debe investigarse es cómo el problema de la inseguridad ciudadana tiene conexiones con el narcotráfico, pandillas y otras organizaciones criminales.

Integración: Comisionado será iberoamericano

Un jurista proveniente de España, Argentina o Chile será el comisionado a cargo de la Cicig, lo que tendrá que decidir Ban Ki – Moon, secretario general de la ONU.

“No se tienen nombres todavía, pero, por la experiencia que tienen esos países en este tipo de investigaciones y el idioma, lo más probable es que sea de Argentina, Chile o España”, explicó Frank La Rue, comisionado presidencial para los Derechos Humanos.

Según el tratado de la Cicig, el comisionado deberá ser jurista y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas relacionadas con el mandato de esa comisión.

Particularmente, en derechos humanos y Derecho Penal e Internacional, y tener amplia experiencia en la investigación y el combate de la impunidad.

Cuando la ONU reciba la Cicig convertida en ley, abrirá un fideicomiso para que los países donantes de la Unión Europea y Estados Unidos puedan depositar fondos para ayudar al funcionamiento de la Comisión.

Copadas por la impunidad

La Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y el Sistema Penitenciario son las tres de muchas instituciones del Estado en donde la infiltración de redes del crimen organizado ha evidenciado cómo las estructuras paralelas pueden llegar a tener a su servicio todo el aparato del Estado, para promover sus acciones de ilegalidad, corrupción, tráfico de personas, contrabando y falsificación de documentos.

Policía Nacional Civil

El asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, en febrero pasado, destapó que agentes de la Policía, narcotraficantes e incluso diputados habrían planificado y ejecutado el crimen, según las investigaciones del MP.

En los últimos años, los cuerpos élite de la PNC, que tienen a su cargo investigaciones y combate del narcotráfico, han sido transformados o sometidos a depuración, debido al involucramiento de sus jefes en acciones del crimen organizado.

Han sido depurados en los tres años y siete meses de este gobierno más de un mil 800 policías, entre comisarios, investigadores y agentes, por denuncias de corrupción, ejecuciones extrajudiciales, abuso de poder y extorsiones, entre otros actos ilícitos.

Migración

Toda una mafia en dependencias de Migración, cuyo alcance ha sobrepasado oficinas nacionales, se ha evidenciado a través de la venta de visas, falsificación de pasaportes y legalización de papelería para el ingreso de indocumentados con destino a Estados Unidos.

En el aeropuerto La Aurora, se han registrado casos de chinos, jordanos, iraquíes, cubanos, ecuatorianos y colombianos con pasaportes falsos, quienes han entrado en el país tras haber pagado unos US$500 a personal migratorio. Pero también están las fronteras con México, como El Carmen y Tecún Umán, en donde, por US$1 mil, se venden pases legales a deportados de ese país vecino, para ser registrados como guatemaltecos.

En la frontera El Florido, en Chiquimula, hay toda una red de contrabando que permite el ingreso de licores sin el pago de impuesto, y también la salida y entrada de vehículos de procedencia dudosa.

Presidios

La debilidad del sistema carcelario del país ha quedado al descubierto con masivas fugas, extorsiones, planificación de asaltos desde los penales, sobornos a jueces e incluso a las propias autoridades de Presidios.

En el 2001 se fugaron 78 reos de alta peligrosidad de la cárcel El Infiernito, en Escuintla, donde, con toda complicidad, los guardias y autoridades del penal pudieron planificar y concretar la huida.

La historia se repitió en el 2005, cuando 17 presos se fugaron, nuevamente, de El Infiernito,por un túnel que cavaron durante varios meses, sin que nadie se diera cuenta. Ajustes de cuentas entre pandillas en las cárceles han originado masacres, como sucedió en diciembre del 2002, cuando fueron muertos 13 pandilleros.

Ell 25 de septiembre del 2005, un operativo de alto impacto permitió retomar el control de la Granja Penal Pavón, y se presentó a la ciudadanía cómo un grupo de reos condenados tenían toda una red de extorsiones que realizaban desde teléfonos fijos, ubicados en ese centro carcelario; fabricaban licor clandestino y hasta tenían un taller para desmantelar vehículos que eran robados y llevados a ese lugar. Aunque se anunció que serían instalados aparatos para bloquear la señal de celulares, siguen las denuncias de extorsiones desde las prisiones.