BILBAO. DV. La Unión Europea es una realidad supranacional, formada por 27 países y dibujada por largas fronteras: 85.000 kilómetros de costa y 6.000 terrestres. Pero no hay límites que valgan cuando alguien busca el camino de la prosperidad, y más si es a la desesperada. Por aire, tierra y mar las estadísticas europeas dicen que entran cada año a la UE unos 500.000 inmigrantes ilegales. Lo hacen a Italia, Francia, Grecia y España, por este orden.

Según datos oficiales de la Comisión Europea, las vías de entrada habituales son a la vez las más convencionales, aunque sorprenda a más de uno: a través de un aeropuerto con permiso de turista; luego éste expira y el visitante se convierte en un indocumentado. Las carreteras en una Unión que ya llega hasta Rumanía y Bulgaria constituyen la otra ‘autopista’ por la que se puede llegar sin papeles.

Mientras, decenas de subsaharianos se juegan la vida en un cayuco por el Atlántico, miles de personas sin documentos puedan entrar en autobús y en tren. Evidentemente, no todos logran su objetivo. Unos porque, desgraciadamente, mueren en el intento y otros porque son interceptados. En los últimos ejercicios, 800.000 personas han sido rechazadas cada año en las fronteras comunitarias, una cifra distorsionada por las estadísticas de Ceuta y Melilla, donde el número de denegaciones roza las 600.000. Sólo en peticiones de asilo la UE recibe al año 300.0000 solicitudes.

Debajo de las grandes cifras viven personas con nombres y apellidos, gloria y miseria, grandes retos. La Unión Europea está habitada por 460 millones de habitantes, de los que 26 son emigrantes: 19 de terceros países – de fuera de la UE – y 7 procedentes de alguno de los 27 estados de la Unión. Si oficialmente recibe medio millón de inmigrantes ilegales, esta cifra se multiplica por cuatro para los casos legales. Las autoridades expiden cada año 2,2 millones de permisos de residencia a personas de otros países por motivos de estudios, familia y trabajo.

Este último es muy importante para la UE en su intento de conciliar inmigración y mano de obra, uno de sus objetivos a corto y medio plazo. La Comisión Europea, constituida por 27 comisarios designados por los estados miembros – equivaldría a la figura de los ministros – , calcula que serán necesarios 24 millones de empleos, visto el envejecimiento de sus habitantes. El objetivo para mantener el estado del bienestar es que el 70% de la población en edad de trabajar lo haga. La alarma se ha encendido. En muchas regiones comunitarias hay dos trabajadores por uno retirado, cuando la relación debería ser de tres a uno.

El proyecto de Mali

En este balanza la inmigración puede tener un peso específico, pero no a toda costa. Para evitar el tráfico ilegal de personas y su estancia en situación irregular, la Unión trabaja las medidas educativas y las represivas. Entre las primeras, la Comisión tiene un proyecto estrella en África: financia en Mali un centro de información para concienciar a la población local sobre los riesgos de la inmigración ilegal.

Entre las segundas, sanciona a aquellas empresas o particulares que contraten mano de obra irregular. Las autoridades comunitarias creen que si el empresario exige papeles, el trabajo a cualquier precio dejará de ser un aliciente para el inmigrante. También forman parte de este tipo de medidas represivas las misiones de vigilancia de las costas a través de la agencia Frontex.

En la búsqueda de este punto de equilibrio entre tolerancia y mano dura se juega buena parte de su futuro una UE que, aunque suene paradójico, fomenta la libre circulación de personas. De hecho, el espacio Schengen, que no controla las identidades, permite viajar desde Laponia hasta Algeciras sin enseñar papeles.