La Generalitat no tiene ninguna responsabilidad en la atención social y acogida de los extranjeros sin permiso de residencia en España. Esta es la posición que mantendrá la Administración autonómica con respecto a los inmigrantes desalojados del antiguo cauce del río Turia y, en general, de los alrededor de 93.000 indocumentados que están empadronados en la Comunitat.

La Conselleria de Inmigración y Ciudadanía sostiene que la tutela y competencia “sobre inmigrantes irregulares corresponde única y exclusivamente” al Gobierno central.

Según sus argumentos, “la Generalitat, aunque tiene competencias en asistencia social, carece de competencias en relación con las personas inmigrantes que permanecen de manera irregular en la Comunitat Valenciana, desprovistas de las autorizaciones y permisos preceptivos”.

La Conselleria de Inmigración alude al artículo 163 del Reglamento de Extranjería que atribuye al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la creación de una red de centros de acogida.

Por el contrario, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, tras la intervención policial bajo el puente de Ademuz instó al Consell y al Ayuntamiento “a que asuman sus competencias”.

Esta semana, la síndica de Greuges, Emilia Caballero, se reunió con la concejala de Bienestar Social de Valencia, Marta Torrado, en el marco de la investigación que desarrolla la defensora del pueblo valenciano sobre el desalojo del río.

La síndica atribuyó las competencias de acogida de los inmigrantes a la Generalitat –que ahora se desvincula de cualquier responsabilidad– y al Ayuntamiento, “institución que se encuentra el problema”.

La complejidad del problema del antiguo cauce del Turia es aún mayor, porque allí se concentraban rumanos y búlgaros (que son comunitarios) y africanos sin papeles. Estos últimos, según la Generalitat, no son competencia suya.

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