El Gobierno va a abrir una investigación “a fondo” sobre las denuncias de abusos a menores extranjeros no acompañados en centros de acogida en Canarias y, en caso de ser ciertas, “hará recaer todo el rigor de la ley sobre sus responsables”.

De esta manera lo indicó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien aseguró al mismo tiempo que varios ministerios, que no quiso precisar, serán los encargados de investigar las graves denuncias contenidas en el informe presentado esta semana por Human Rights Watch (HWR).

Esta organización internacional de defensa de los derechos humanos exigió el cierre de los centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, al haber documentado en ellos “abusos y violencia”.

Segunda investigación

El ministro recalcó que la Fiscalía ya abrió una investigación sobre esa cuestión, pero “no ha encontrado ni un sólo signo de que fueran ciertas las denuncias, ni ningún tipo de evidencia”. En su indagación, la Fiscalía no encontró ni en la declaración de menores ni en la investigación se constataron malos tratos físicos o psicológicos, ni abusos físicos o sexuales hacia ningún menor. En consecuencia, este órgano judicial tomó la decisión de archivar los expedientes hasta día de hoy.

“No es competencia del Estado sino de la comunidad autónoma de Canarias, pero da igual, aquí lo importante es preservar los derechos de los menores”, dijo Caldera.

De momento, agregó, “lo que se dice que ha ocurrido en Canarias no es tal, por tanto, no ha habido ningún abuso, según la Fiscalía, que se merece una credibilidad elevada”. En todo caso, el Gobierno procederá a hacer una segunda investigación para que “los españoles tengan plena garantía de que absolutamente nadie sufre abuso alguno y si hubiera algún caso caerá todo el rigor de la ley sobre sus responsables”, afirmó el ministro Caldera.