Plácido Alonso Peña Fumero, abogado del Turno de Extranjería en Tenerife, fue avisado el sábado posterior a la tragedia en alta mar, en la que perdieron la vida cerca de 90 irregulares, para asistir en los Juzgados de Arona a los inmigrantes llegados en un cayuco. Aún no sabía de qué se trataba. Fue en la asistencia letrada cuando al preguntarles por lo sucedido supo que eran los supervivientes de un naufragio.

Desde ese primer momento ya le comentan acerca del rescate en medio del Océano que “hubo una primera patrullera que los mantiene a la espera durante seis horas y luego llega una segunda muy rápida, que rodea e impacta contra el cayuco, rompiéndolo en dos, lo que provoca el hundimiento del pequeño bote”.

A continuación pasó por el Juzgado, recabó la lista de los 48 supervivientes, contactó con el Equipo de Emergencia de Cruz Roja, “y también ellos me comentan que los inmigrantes les habían narrado la misma versión que a mí: que es el impacto de la patrullera con el cayuco lo que provoca el naufragio”.

El pasado viernes, Alonso Peña acudió al CIE de Hoya Fría para contrastar que efectivamente la versión que le habían dado los irregulares en el Juzgado es la misma. “Incluso con más detalle, me indican que el cayuco está parado, la patrullera viene muy rápido, da un rodeo e impacta y lo rompe en dos, provocando el hundimiento”.

Con estos testimonios, y dado que no se ha producido una investigación judicial de los hechos, “por lo menos que a mí me conste”, matiza, tiene previsto interponer mañana, lunes, una querella criminal, “por haber habido exactamente 88 muertes de personas y porque, si ha habido algún tipo de negligencia por parte de Salvamento Marítimo, yo quiero que se asuman las responsabilidades por parte del Estado español y se indemnice a sus familias”.

En concreto, “he contactado con 15 supervivientes de este naufragio que relatan haber perdido en su mayoría a hermanos que viajaban juntos en ese cayuco, y también mujeres e hijos”.

Muchos de ellos no podían casi ni articular palabra cuando se les pregunta por lo sucedido, aunque cuando ya lo hacen son firmes y convincentes en su relato, asegura.

Algunos lloran, con sólo pedirles que recuerden lo sucedido, y algunos hasta todavía tienen secuelas de aquel fatídico día.

No obstante, destaca, “su máxima preocupación ahora mismo es la de poder contactar con sus familias, para poderles comunicar que están vivos”.

Pero no pueden hacerlo porque a pesar de que tienen derecho a comunicarse en España se suele dar un horario específico de llamadas para hacerlo, no como en las películas americanas que se tiene derecho a una sola llamada, “este derecho constitucional, al ser un derecho fundamental, se convierte en papel mojado cuando se les exige disponer de 5 euros para sacar una tarjeta telefónica, a la que pueden acceder en el centro, y más en este caso concreto, cuando han sido rescatados de un naufragio y no conservan ninguna de sus pertenencias”.

¿Juzgado de refuerzo?

Aprovecha la oportunidad para manifestar su queja “porque se ha hecho costumbre el dictar las leyes para callar la voz popular”. Y precisa que a pesar de haberse creado un juzgado de refuerzo, “específico para la llegada de cayucos, curiosamente, no funciona durante el fin de semana, cuando suelen ser mayoritarias, y las tiene que atender el de guardia”. “Botón de muestra prosigue es que el pasado sábado, el Juzgado de Guardia tuvo que atender a 12 detenidos y, a las seis de la tarde, empezar con los 48 supervivientes del naufragio, porque el juzgado de extranjería sólo funciona de lunes a viernes”.