El Gobierno central va a abrir una investigación «a fondo» sobre las denuncias de abusos a menores extranjeros no acompañados en centros de acogimiento en Canarias y, en caso ser ciertas, «hará recaer todo el rigor de la ley sobre sus responsables», según anunció ayer el ministro Jesús Caldera.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que varios ministerios, que no quiso precisar, serán los encargados de investigar las graves denuncias contenidas en el informe presentado esta semana por Human Rights Watch.

Esta organización de defensa de los derechos humanos exigió el cierre de los centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, al haber documentado en ellos «abusos y violencia».

El ministro Jesús Caldera recalcó que la Fiscalía ya abrió una investigación sobre esa cuestión, pero «no ha encontrado ni un sólo signo de que fueran ciertas las denuncias, ni ningún tipo de evidencia». «No es competencia del Estado sino de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero da igual, aquí lo importante es preservar los derechos de los menores», dijo Caldera.

De momento, agregó, «lo que se dice que ha ocurrido en Canarias no es tal, por tanto, no ha habido ningún abuso, según la Fiscalía, que se merece una credibilidad elevada».

En todo caso, el Gobierno hará una investigación para que «los españoles tengan plena garantía de que absolutamente nadie sufre abuso alguno y si hubiera algún caso caerá todo el rigor de la ley sobre sus responsables», afirmó el ministro.

En contra. La decisión adoptada por Jesús Caldera contrasta con las declaraciones realizadas en días anteriores por miembros de su propio gabinete. Así, el pasado viernes el Gobierno central dijo que concedía poco crédito al polémico informe de Human Rigths Watch (HRW) en el que se denuncian malos tratos y abusos sexuales a los menores inmigrantes ingresados en los centros de acogida de La Esperanza y Arinaga. Asuntos Sociales recuerda que está basado en testimonios anónimos sin contrastar.

Para la directora general de Integración del Inmigrante del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estrella Rodríguez, el informe que la organización no gubernamental presentó el pasado jueves resulta como mínimo «contradictorio» y «poco riguroso», tanto en su metodología como en sus conclusiones.