La Fiscalía de Menores de Valencia ha instado a la Generalitat a que abra un expediente de protección “ante la grave situación de riesgo para la vida” que sufren los hijos de las familias rumanas asentadas en las abandonadas naves de Macosa, en la calle de San Vicente de Valencia. La Fiscalía responde así a la información que le fue trasladada el pasado día 23 por el Grupo de Menores de la Policía Nacional tras una exhaustiva inspección del lugar. Ese informe censa a 92 adultos y 16 menores de muy corta edad, todos ellos de origen rumano, y una familia gitana con un hijo. La inspección concluye que los menores viven en una situación de insalubridad manifiesta, sin las mínimas condiciones higiénicas y grave riesgo para la vida.

Describe la policía que las familias se esparcen por miles de metros de las naves aprovechando cualquier espacio para construir en él una chabola con materiales inflamables (madera, cartón, plásticos). Todo ello está en una edificación con “inminente riesgo de derrumbe” en la que el cableado eléctrico es visible y al alcance de los pequeños.

Los niños presentan suciedad, “pelo enmarañado e indiferencia ante la presencia de los adultos”. Para la policía es evidente el riesgo para los niños, que, aunque escolarizados algunos en el centro Juan Montoya y con tarjeta sanitaria, no van a la escuela ni cumplen con los mínimos de higiene.

La fiscalía entiende que no están desprotegidos sino en una situación de “extrema pobreza” porque la relación familiar es cariñosa. Precisamente, por eso, la fiscalía no se dirige a Bienestar Social sino a la Generalitat para que active los recursos que tiene a su disposición para realojar a las familias y estabilizar la situación de los menores.