WASHINGTON. Una corte federal estadounidense consideró inconstitucional una disposición municipal en Hazleton (Pensilvania), que buscaba castigar a quienes rentasen habitación o hicieran negocios con indocumentados.

El juez federal de distrito James Munley señaló que las leyes federales prohíben que Hazleton ponga en vigencia cualquiera de las disposiciones de esa ordenanza y precisó que la naturaleza del sistema político estadounidense prohíbe a la ciudad de ejercer ordenanzas que pertuben un cuidadosamente realizado esquema estatutorio federal.

Lou Barletta, alcalde de Hazleton, se dijo decepcionado por lo que consideró como insensibilidad del juez Munley a la necesidad de la ciudad de defenderse de lo que algunos califican como invasión y señaló que presentará una apelación.

El caso es seguido con atención por grupos pro y antiinmigrantes indocumentados, toda vez que decenas de comunidades en EU estarían en disposición de tratar de establecer leyes similares, a fin de evitar la llegada y de impulsar, más bien, la salida de los indocumentados.

La decisión judicial se produjo el mismo día en que el Senado aprobó la inclusión de unos tres mil millones de dólares en gasto de emergencia a una proyecto de presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, afirmó que asegurar nuestra frontera es uno de los proyectos de más alta prioridad.

La medida aún deberá ser aprobada por la Cámara Baja, donde existe una fuerte corriente en favor de una mayor vigilancia en la frontera con México.

La misma Cámara de Diputados, por su parte, aprobó una propuesta que prohibiría a la Oficina de Prisiones usar fondos para mantener en la cárcel a los ex agentes de la Patrulla Fronteriza Ignacio Ramos y José Compean, sentenciados a prisión por haber disparado por la espalda contra el indocumentado Osvaldo Aldrete Ávila, que luego se supo era un narcotraficante. El caso Ramos – Com pean fue adoptado por la derecha estadounidense como una causa célebre y la libertad de los ex agentes ha sido exigida por un centenar de diputados republicanos, lo que sucederá si la medida es ratificada por el Senado.

Las medidas se enmarcan en el creciente sentimiento antiinmigrante en EU, donde se les considera violadores de la ley. En el caso de Hazleton, activistas antiinmigrantes promueven el uso de las leyes locales y estatales para enfrentar la presencia de indocumentados porque creen que es el camino a seguir ante lo que consideran como fracaso del gobierno federal para evitar su ingreso en el país.

WASHINGTON. Una corte federal estadounidense consideró inconstitucional una disposición municipal en Hazleton (Pensilvania), que buscaba castigar a quienes rentasen habitación o hicieran negocios con indocumentados.

El juez federal de distrito James Munley señaló que las leyes federales prohíben que Hazleton ponga en vigencia cualquiera de las disposiciones de esa ordenanza y precisó que la naturaleza del sistema político estadounidense prohíbe a la ciudad de ejercer ordenanzas que pertuben un cuidadosamente realizado esquema estatutorio federal.

Lou Barletta, alcalde de Hazleton, se dijo decepcionado por lo que consideró como insensibilidad del juez Munley a la necesidad de la ciudad de defenderse de lo que algunos califican como invasión y señaló que presentará una apelación.

El caso es seguido con atención por grupos pro y antiinmigrantes indocumentados, toda vez que decenas de comunidades en EU estarían en disposición de tratar de establecer leyes similares, a fin de evitar la llegada y de impulsar, más bien, la salida de los indocumentados.

La decisión judicial se produjo el mismo día en que el Senado aprobó la inclusión de unos tres mil millones de dólares en gasto de emergencia a una proyecto de presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, afirmó que asegurar nuestra frontera es uno de los proyectos de más alta prioridad.

La medida aún deberá ser aprobada por la Cámara Baja, donde existe una fuerte corriente en favor de una mayor vigilancia en la frontera con México.

La misma Cámara de Diputados, por su parte, aprobó una propuesta que prohibiría a la Oficina de Prisiones usar fondos para mantener en la cárcel a los ex agentes de la Patrulla Fronteriza Ignacio Ramos y José Compean, sentenciados a prisión por haber disparado por la espalda contra el indocumentado Osvaldo Aldrete Ávila, que luego se supo era un narcotraficante. El caso Ramos – Com pean fue adoptado por la derecha estadounidense como una causa célebre y la libertad de los ex agentes ha sido exigida por un centenar de diputados republicanos, lo que sucederá si la medida es ratificada por el Senado.

Las medidas se enmarcan en el creciente sentimiento antiinmigrante en EU, donde se les considera violadores de la ley. En el caso de Hazleton, activistas antiinmigrantes promueven el uso de las leyes locales y estatales para enfrentar la presencia de indocumentados porque creen que es el camino a seguir ante lo que consideran como fracaso del gobierno federal para evitar su ingreso en el país.