Los sindicatos desconvocaron ayer las concentraciones de protesta de los educadores sociales de los siete centros de menores que existen en Catalunya tras llegar a un principio de acuerdo con el Departament de Justícia. Los responsables de Justícia se han comprometido a contratar más profesionales para cubrir suplencias y a revisar la situación de asistencia jurídica a los trabajadores. En septiembre está previsto convocar una reunión con la dirección general de Justícia juvenil para valorar la situación de los centros y constituir una mesa sobre la aplicación del modelo de justicia juvenil.

El malestar de los educadores está causado por el aumento de las agresiones de los jóvenes internos a estos profesionales. En los primeros meses de este año se han incoado 593 expedientes disciplinarios por faltas muy graves y 537 por faltas graves. Donde se vive una situación más tensa es en el centro educativo L´Alzina, de Palau-solità i Plegamans, donde hay unos 70 jóvenes, algunos de hasta 23 años, y es aquí donde se ha producido la mayor parte de estos incidentes. Es también el centro más grande, junto con Els Til · lers, en Mollet del Vallès, donde se encuentran otros 60 menores. “A veces llegan jóvenes recién titulados, como educadores sociales, que aguantan un día en el centro y se dan de baja”, señala Esther Morales, portavoz de UGT, para explicar las dificultades de su trabajo.