Human Rights Watch exigió hoy el cierre de los centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, en donde esta organización de defensa de los derechos humanos ha documentado “abusos y violencia”.
Antes de divulgar el informe “Responsabilidades no bienvenidas. España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en Canarias”, la investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa, Simone Troller, denunció en una entrevista “el hacinamiento de los niños en estos centros de emergencia, donde literalmente están detenidos”.

Además “se mezcla a los menores de 10 años con otros más mayores, lo que crea situaciones de violencia entre ellos”, denunció Troller, quien recordó que en 2006 llegaron a Canarias “unos 900 menores tras una travesía peligrosa y a menudo traumática, en endebles cayucos”.

“Lo peor añadió es que los niños no pueden quejarse ni denunciar su situación a nadie, porque no pueden salir del centro, desconocen la lengua y no tienen asistencia letrada ni de asistentes sociales”.

En especial, Human Rihts Watch está "muy preocupada por los centros “de La Esperanza (Tenerife) y de Arinaga (Gran Canaria), donde, aparentemente, se maltrata a estos chavales de manera sistemática o rutinaria”.

“Hablamos de un tipo de violencia muy seria, de un trato degradante e inhumano y de palizas. Son golpeados de manera regular y encerrados por varios días en celdas sin lavabos y aunque reciben comida no pueden salir de ellas”.

Por eso, Human Rights Watch ha pedido a las autoridades españolas que abran una investigación porque “hay muchos y muy distintos testimonios de menores que son coherentes y que queremos que se investiguen y depuren las responsabilidades”.

Troller visitó en enero pasado tres de los cuatro centros de acogida inmediata (CAI) y otros ocho centros ordinarios de menores en las islas Canarias, éstos últimos con unas “condiciones en general buenas”.

Tras denunciar la violación del derecho a la educación, hay menores que “no van a la escuela” y mostrar su preocupación sobre las infraestructuras y condiciones de pobreza de los CAI, Troller pidió al Gobierno canario que cierre estos centros y traslade a los niños a otros “mejores”.

“No hay razón para que un año después de surgir el problema, sigan abiertos estos centros; las autoridades han tenido suficiente tiempo para poner en práctica un plan. Pero la respuesta del Gobierno central y autonómico no es esperanzadora, ya que ninguno se siente responsable y se atacan mutuamente”, recalcó.

En los últimos días, Troller se ha reunido con representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Secretaría de Estado de Inmigración y Secretaría de Estado de Servicios Sociales con la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior y con la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

“Algunos dijeron compartir nuestras preocupaciones, se comprometieron a investigar la situación y a pedir a la Fiscalía de Canarias que se interese por lo que está pasando en esos centros”, dijo.

Otra inquietud de la organización de defensa de los derechos humanos se refiere a la imposibilidad de los menores a pedir asilo, dado que en las comisarías donde se procede a su identificación se les hurta esa información y no se les pone en contacto con un abogado.

Human Rights Watch, creada en 1978, realiza investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en más de setenta países.