El Gobierno canario lamentó hoy la “falta de rigor” del informe realizado por Human Rights Watch sobre los centros de menores de inmigrantes, y afirmó que en febrero investigó y trasladó a la Fiscalía esta denuncia sin que se constatara ninguno de los hechos denunciados.

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, indicó a los periodistas que cuando este departamento conoció la denuncia la trasladó a la Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en el informe realizado por este órgano judicial no “se encontró ninguno de los hechos denunciados”.

No obstante, Rojas, que tomó posesión de su cargo hace dos semanas, indicó que visitará personalmente los centros “porque detrás de los expedientes están los menores”, al tiempo que pidió rigurosidad cuando se habla de asuntos relacionados con los menores.

Según el informe de Human Rights Watch se han documentado “abusos y violencia” en los centros de menores de inmigrantes, especialmente en los ubicados en La Esperanza (Tenerife) y en Arinaga (Gran Canaria).

La consejera canaria defendió la labor que desempeñan los trabajadores de estos centros porque realizan un trabajo duro con menores que no son felices y que están lejos de su familia y a los que hay que convencer “de que los queremos”.

Lamentó que la labor de estos trabajadores se cuestione en el informe, y pidió que se demuestren las acusaciones antes de hacerlas públicas porque “no es lo mismo demuestre mi inocencia a que tenga que demostrar mi culpabilidad”.

En un comunicado de la Consejería de Bienestar Social, este departamento lamenta la falta de rigor del informe y afirma que HRW informó al Ejecutivo canario mediante un fax y un mes después de visitar los centros, sobre los supuestos hechos “sin aportar ni una sola prueba”.

Agrega que entonces el Gobierno canario solicitó información más exhaustiva para poder investigar, información que le fue denegada por la organización, por lo que lo trasladó inmediatamente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que iniciara el procedimiento de oficio.

Añade que la Fiscalía no encontró ningún indicio de delito, ni maltrato contra los menores.

Al mismo tiempo se inició una investigación interna concluida en abril de este año y cuyas conclusiones, según el Gobierno canario, no corroboran ninguna de las afirmaciones vertidas por la organización HRW en su documento.

La Consejería de Bienestar Social indica que en el informe de la organización se limitan a relatar estos hechos, sin que se identifique en ningún momento a los responsables de los mismos, lo que ha dificultado la investigación que se ha realizado y falta además “a la labor moral suprema de proteger a los menores víctimas”.

En ese sentido, la Consejería recuerda que durante el último año y medio un total de 1.144 menores han llegado a los centros canarios, de los que sólo se han traslado a otras comunidades autónomas 385, a pesar del compromiso del ministro Jesús Caldera de que en Canarias sólo se quedarían 300.

El Gobierno canario, según el comunicado de la Consejería de Bienestar Social, entiende la necesidad del cierre de los centros ya que no son los adecuados para una óptima integración, por lo que solicita a la Administración central el reparto de los jóvenes con las exigencias de garantías de integración a través de un Estatuto Jurídico del menor extranjero no acompañado.

Afirma que en ningún momento el Gobierno canario ha estado de acuerdo con la apertura de estos centros ya que, en su opinión, la mejor fórmula de integración es a través de pequeños hogares de no más de 12 chicos.

Además precisa que para llevar a cabo esta labor con plenas garantías hay que contar con recursos no de carácter de emergencia, como los puestos en marcha para poder atender la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, sino que ofrezcan a los menores un plan educativo duradero.

La Consejería destaca que el equipo de HRW que visitó los centros el pasado mes de enero pudo hablar y entrevistarse con total libertad y transparencia con los menores acogidos en estos centros así como con el personal educativo de los mismos.

Dentro de esta gira, la investigadora de Human Rights Watch Simone Troller mantuvo una reunión en Tenerife con el entonces responsable de la Dirección General de Protección del Menor y de la Familia, José Luis Arregui, sin que le comentara la existencia de alguna anomalía en cuanto a la atención a los menores acogidos en los citados centros.

Además del relato de la actuación de la Consejería una vez conocida la denuncia, el comunicado de este departamento concreta qué autoridades nacionales e internacionales han visitado estos centros así como medios de comunicación.