La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales de Las Palmas que les remitan información sobre la supuesta investigación realizada en centros de menores inmigrantes no acompañados y que fue archivada al no apreciarse los supuestos abusos y agresiones denunciados por jóvenes a Human Rights Watch.

Esta organización exigió hoy el cierre de los centros de acogida inmediata (CAI) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, en donde esta organización de defensa de los derechos humanos ha documentado “abusos y violencia”, tras entrevistarse con varios de los menores que residen en los centros.

Fuentes de la Fiscalía General explicaron a Efe que fueron recibidos por el fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez Covisa, y por el coordinador de protección, José María Paz, y que este último competente en este asunto ha solicitado a la fiscalía canaria que le informe sobre cuáles fueron sus actuaciones en esta asunto.

No obstante, en la fiscalía les trasmitieron su sorpresa por el hecho de que a los fiscales de Las Palmas les hubieran pasado desapercibidas las irregularidades y los supuestos delitos alegados por los menores.

La investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa, Simone Troller, explicó que tras entrevistarse de forma confidencial con varios menores informaron a las autoridades “de estos testimonios que son muy serios y que nos tomamos muy en serio”, entre los que incluían “alegaciones de abusos sexuales”, y que la Fiscalía abrió una investigación.

“La Fiscalía investigó y nos envió una copia de su informe en julio que concluyó que no podían confirmar ninguna alegación” denunciada, aunque “no estamos satisfechos con la metodología que llevó a cabo” para aclarar estos supuestos delitos.

En este sentido, explicó que “no hizo ninguna entrevista en privado, en muchos casos no había intérpretes y los niños no hablaban en español”.

Troller señaló que en su denuncia no facilitaron los nombres de las supuestas víctimas “para minimizar el riesgo de los niños, que entrevistamos dentro del mismo centro de forma confidencial”, ni tampoco el de los supuestos agresores, porque podrían proceder contra ellos jurídicamente en el caso de que no fueran confirmadas las agresiones y delitos alegados.

También explicó que comunicaron los hechos en la delegación del Gobierno canario en Bruselas y que su respuesta fue que este asunto era responsabilidad del Gobierno central y que desde Asuntos Sociales les han remitido al ejecutivo de esta comunidad.

En el informe también se expone “el hacinamiento de los niños en estos centros de emergencia, donde literalmente están detenidos” y que “se mezcla a los menores de 10 años con otros más mayores, lo que crea situaciones de violencia entre ellos” y muestra su preocupación por la situación de los centros La Esperanza (Tenerife) y de Arinaga (Gran Canaria).