El Gobierno de Canarias lamenta la falta de rigor del informe de Human Right

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias explicó ayer paso a paso su actuación desde que tuvo conocimiento, vía fax, de los hechos que había detectado Human Right Watch y censuró que la entidad no informara adecuadamente, ni en tiempo ni en forma, ni tratara de evitar que siguieran ocurriendo.

El Día, EL DÍA, S/C de Tenerife, 27-07-2007

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario salió ayer al paso del informe de Human Right Watch, y aclaró algunos aspectos ya apuntados por este periódico el día anterior en cuanto a que la denuncia de esta entidad sobre los supuestos abusos la recibió este departamento, por fax, en febrero de 2007, y que los responsables de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia comunicaron de inmediato al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias los hechos que se denunciaban, para que iniciara una investigación.

Asimismo, la propia Consejería, asegura, abrió una investigación interna, concluida en abril pasado, “cuyas conclusiones no corroboran ninguna de las afirmaciones vertidas por HRW en su documento”.

En este sentido, la Consejería precisa que “desde HRW se limitaron a informar de la existencia, a partir de testimonios recogidos de los chicos y sin confirmar, de graves hechos, sin que se identificaran en ningún momento a los presuntos responsables, además un mes después de conocer los hechos, dificultando la labor de investigación que tanto la Fiscalía como la entidad pública pusieron en marcha de forma inmediata, y faltando, además, a la labor moral suprema de proteger a los menores víctimas”.

En cuanto a los antecedentes del informe, explica el comunicado que durante el mes de enero de 2007, un equipo de Human Rights Watch, liderado por Simone Troller, inició una gira por los Dispositivos de Emergencia para Atención de Menores Extranjeros no Acompañados de las Islas, gestionados por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, con el fin de realizar un informe sobre la situación de estos jóvenes. Durante estas visitas, el equipo de Human pudo hablar y entrevistarse con total libertad con los menores acogidos en estos centros así como con los educadores.

Dentro de esta gira, la investigadora de HRW, Simone Troller, mantuvo una reunión en Tenerife con el entonces responsable de la Dirección General del Menor, José Luis Arregui, sin que le comentara la existencia de alguna anomalía.

Sin embargo, con fecha de entrada del 13 de febrero de 2007, se recibe un escrito firmado por la citada investigadora en el fax del dispositivo ubicado en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, en el que se informa, sin dar nombres, de la denuncia y donde se describen “niveles alarmantes de violencia contra los menores, especialmente contra los más jóvenes, presuntamente perpetrados tanto por sus compañeros como por el personal del centro”.

Ante este hecho, el director general del Menor, según la versión de la Consejería, contacta con la citada investigadora por teléfono y le pide explicaciones, entre otras, de por qué si conocían estas denuncias en enero, se esperó todo un mes para remitir el informe, cuando, además, contaba con vías más directas, como son los teléfonos personales tanto del director como de la secretaria del mismo, para dar cuenta de ello.

La investigación interna

Además, preguntada por la identidad de los presuntos autores de los hechos que se relatan, Troller se niega a dar los nombres de los presuntos autores de las violaciones, indicando que no lo hace para evitar posibles represalias a los menores que denuncian. Ante ello, Arregui contesta que si no se dan nombres no puede retirar de inmediato a los responsables de estos hechos. Entonces solicita la información de forma oficial por fax.

El mismo 13 de febrero, el director general remite un escrito al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que le informa de la denuncia de HRW y éste ordena que se abra una investigación interna.

Con fecha de 9 de mayo, desde la entidad pública, se remite a la fiscal un informe amplio, entre cuyas valoraciones se indica que no se “detectan la más mínima referencia ni actuación que indique abuso, ni del personal técnico del centro ni entre los menores”.

A finales de marzo, la fiscal designada visitó el centro de Agüimes, sin que hasta la fecha conste un informe de esta entidad. añade la Consejería, que hace constar que los centros han sido visitados con frecuencia por autoridades nacionales e internacionales, así como por un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.

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