El presidente de la ONG que gestiona los tres centros denunciados en el informe de Human Rights Watch (HWR), Juan José Domínguez, avanzó ayer a este periódico que emprenderá acciones legales contra la citada organización. El responsable de la Asociación Nuevo Mundo señaló que el mencionado informe carece de credibilidad, ya que se trata de “una información sesgada y sin ningún tipo de garantías”.

Estas declaraciones las respaldó con el hecho de que tanto los medios de comunicación, los agentes externos y la propia Fiscalía de Canarias que han visitado los centros no han detectado ninguna de las acusaciones que HRW vierte sobre ellos. Asimismo, destacó que de las más de 80 entrevistas a menores que se realizaron, en el informe sólo se hace referencia de forma negativa a diez, por lo que el presidente de la ONG afectada reiteró la gravedad de generalizar sin conocer a fondo la situación.

Según Domínguez, el objetivo que persigue Human Rights es el de hacer presión para “cerrar los grandes centros de menores extranjeros que existen en Canarias” y así forzar a que el Gobierno central vuelva a activar las repatriaciones a la península. En este contexto, destacó que el informe pone en entredicho al Gobierno de Canarias ya que “hace tiempo que la fiscalía de menores actuó en consecuencia y dio el tema por concluido”.

La explicación que el presidente de Mundo Nuevo encuentra a las afirmaciones de estos menores es que “actuaron por despecho debido a las sanciones que el centro pone a los internos que no respetan las reglas de convivencia”, situación que comparó a la que se produce en cualquier hogar. Además, Domínguez criticó que HRW “visitó de puntillas los centros” y aún así, es capaz de poner en tela juicio la integridad de su trabajo