“No soy feliz aquí; si pudiera me iría de este centro. No nos dan buena comida. Cuando les decimos que tenemos hambre, nos dicen que en Senegal nos moríamos de hambre y que deberíamos estar contentos de que al menos nos den comida”. Es el testimonio de un chico senegalés de 17 años acogido en el centro de emergencia de La Esperanza en Tenerife, uno de los que aporta la organización de defensa de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) para denunciar supuestos abusos y violencia sobre los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros de Tenerife y Gran Canaria.

Los menores relataron, según Human Rights Watch, “muchos incidentes de malos tratos y de desprotección ante la violencia”. “Otro chico de 17 años en La Esperanza”, citan, “dijo que un chico tuvo problemas con un educador. Ese día lo llevó a las duchas y le dio una paliza. El niño tenía sangre en la boca y su ropa estaba ensangrentada (no pudo volver a usar esa camiseta)”.

También facilitan el testimonio de otro chico de 13 años del centro de emergencia de Arinaga, que asevera a HRW que “los educadores miran para otro lado conscientemente cuando otros niños dan una paliza a otro chico”.

Human Right Watch presentó ayer en Madrid su anunciado informe, del que este periódico ya avanzó su conclusión más grave, así como su petición de cierre de los cuatro centros de emergencia habilitados en Canarias, según el cual “cientos de menores extranjeros no acompañados alojados en centros del Gobierno canario corren el peligro de ser víctimas de violencia y malos tratos”.

El informe de 128 páginas, “Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias,” documenta, siempre según la entidad internacional, cómo los menores permanecen en estos centros por períodos de tiempo ilimitados, a menudo en condiciones pobres y de masificación.

Según HRW, los niños relataron a su investigadora que habían sufrido palizas por parte del personal, y que no habían sido protegidos de la violencia ejercida por sus compañeros. “No tienen acceso a una educación pública, tienen pocas oportunidades de ocio y recreo, y su libertad de movimiento es indebidamente restringida”.

“Las autoridades españolas deben proteger a estos niños y no dejarlos sufrir palizas ni abusos,” indicó ayer Simone Troller, investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa.

Troller criticó “el hacinamiento de los niños en estos centros de emergencia, donde literalmente están detenidos”. Además “se mezcla a los menores de 10 años con otros mayores, lo que crea situaciones de violencia entre ellos”, aseguró.

“Lo peor opina es que los niños no pueden quejarse ni denunciar su situación a nadie, porque no pueden salir del centro, desconocen la lengua y no tienen asistencia letrada ni de asistentes sociales”.

En especial, se muestra “muy preocupada” por los centros de La Esperanza, en Tenerife, y de Arinaga, en Gran Canaria, donde, aparentemente se maltrata a estos chavales de manera sistemática o rutinaria". “Hablamos de un tipo de violencia muy seria, de un trato degradante e inhumano y de palizas. Son golpeados de manera regular y encerrados por varios días en celdas sin lavabos y aunque reciben comida no pueden salir de ellas”.

Por eso, HRW ha pedido a las autoridades españolas que abran una investigación “y depuren las responsabilidades”.

Troller visitó en enero pasado tres de los cuatro centros de emergencia y otros ocho centros ordinarios de menores en Canarias, estos últimos con unas “condiciones en general buenas”.

“No hay razón para que un año después de surgir el problema sigan abiertos estos centros. Pero la respuesta del Gobierno central y autonómico no es esperanzadora, ya que ninguno se siente responsable y se atacan mutuamente”, recalcó. En los últimos días, Troller se ha reunido con representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior y con la Comisaría General de Extranjería y Documentación. “Se comprometieron a investigar la situación y a pedir a la Fiscalía de Canarias que se interese por lo que está pasando en esos centros”, dijo.

Otra inquietud de la organización es la imposibilidad de que puedan pedir asilo, porque se les hurta esa información y no se les pone en contacto con un abogado.