La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales de Las Palmas que les remitan información sobre la supuesta investigación realizada en centros de menores inmigrantes no acompañados y que fue archivada al no apreciarse los supuestos abusos sexuales y agresiones denunciados por jóvenes a Human Rights Watch.

Esta organización exigió ayer el cierre de los centros de acogida inmediata ( CAI ) para menores extranjeros no acompañados que existen en Canarias, en donde esta organización de defensa de los derechos humanos ha documentado «abusos y violencia», tras entrevistarse con varios de los menores que residen en los centros. Antes de presentar este informe, miembros de Human Rights Watch se han entrevistado estos días con responsables del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones.

La investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa, Simone Troller, explicó que tras entrevistarse de forma confidencial con varios menores informaron a las autoridades «de estos testimonios que son muy serios y que nos tomamos muy en serio», entre los que incluían «alegaciones de abusos sexuales», y que la Fiscalía abrió una investigación.

En el informe también se expone «el hacinamiento de los niños en estos centros, donde literalmente están detenidos» y que «se mezcla a los menores de 10 años con otros más mayores, lo que crea situaciones de violencia entre ellos» y muestra su preocupación por la situación de los centros La Esperanza (Tenerife) y de Arinaga (Gran Canaria).