La muerte el jueves de la semana pasada de entre 54 y 80 personas después de que volcara su cayuco a 98 millas al sur de Tenerife ha levantado sospechas de algún fallo en el dispositivo de rescate. Por ello, 25 oenegés presentaron ayer al Gobierno de Canarias y al Gobierno central un escrito en el que se exige una investigación exhaustiva sobre cómo sucedió la tragedia y las circunstancias del naufragio. Este texto también será presentado el lunes al comisario de Libertad, Justicia y Seguridad de la Unión Europea, Franco Frattini.
SOS Racismo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la federación de Andalucía Acoge, Los Verdes, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España (ATRAIE), el Centro de Estudio y Defensa de los Derechos Humanos de Madrid y la Asociación de Inmigrantes Africanos (ASIAF) se preguntan, entre otras cuestiones, por qué se procedió a un rescate inmediato, en alta mar, con fuerte oleaje y de madrugada, en vez de remolcar la barca a puerto, como se ha hecho en otras situaciones de peligro. Otra duda es la situación en la que estaban los motores del cayuco en el momento del rescate, es decir, si este navegaba, estaba al deriva o se le mandó parar.

REDUCCIÓN DE RIESGOS
“Por mi experiencia, sé que el momento de mayor peligro para un cayuco o una patera es cuando detiene los motores”, explicó ayer Eloy Cuadra, exmiembro de la Guardia Civil, que durante años estuvo destinado a Salvamento Marítimo en Fuerteventura y ahora forma parte del colectivo proderechos humanos Queda la Palabra. “Mientras está navegando – – continuó – – , el riesgo de hundimiento y de vuelco es reducido. Por eso pedimos saber si el cayuco tenía los motores averiados o los mandaron parar”.
No fue este el único toque de atención que las oenegés hicieron ayer al Gobierno del archipiélago. Human Rights Watch, la prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos, presentó un informe en el que denuncia violencia y abusos sexuales por parte de cuidadores en dos centros de acogida de menores inmigrantes de Canarias, La Esperanza, en Tenerife, y Arinaga, en Las Palmas. La oenegé, que no da los nombres de las víctimas de estos supuestos abusos ni de los trabajadores que los cometieron, pidió también el cierre de los cuatro centros de este tipo que existen en Canarias.
Human Rights Watch ya presentó una petición de investigación a la Fiscalía de Las Palmas, pero el ministerio público no constató ninguno de los hechos denunciados. El Gobierno de las islas, por boca de su consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, criticó la, a su juicio, “falta de rigor” de la oenegé en su informe. Aún así, la Fiscalía General del Estado solicitó ayer a los fiscales de Las Palmas que le remitan información sobre su investigación en los centros de menores de inmigrantes no acompañados.