Basta con observar la asfixia gubernamental a los medios de comunicación en Cuba o su asedio en Venezuela para convencerse de que tratándose de la libertad de expresión y de prensa la mejor ley es la que no existe.

Del perturbador poder de los comentaristas de extrema derecha en las estaciones de radio local y nacional de Estados Unidos no hay duda. Pero proponer, como lo han hecho algunos congresistas mayormente demócratas, que el gobierno proclame una ley para imponer imparcialidad en el discurso público podría tener consecuencias todavía más aberrantes.

Para nadie es un secreto que hace apenas un mes, aún cuando todas las encuestas coincidieron al señalar que la mayoría del pueblo americano deseaba que el Congreso aprobara el proyecto de ley de inmigración (incluyendo la legalización de los indocumentados, el programa de trabajadores huéspedes y el reforzamiento de la frontera) fue el celo antiinmigrante de comentaristas como Rush Limbaugh, Sean Hannity y Michael Savage lo que motivó la movilización de miles de activistas que intimidaron a un puñado de congresistas pusilánimes descarrilando así la esperanza de reformar un sistema migratorio que hace décadas dejó de funcionar.

Y esta no ha sido la primera vez que este elenco, que en su versión ampliada incluye a Oliver North el del Contragate Reaganiano, y a G. Gordon Liddy el del Watergate Nixoniano, así como a Bill OReilly, el vocero favorito del ultra conservador Rupert Murdoch, se sale con la suya.

Lo hicieron también cuando destruyeron la candidatura presidencial de John Kerry valiéndose de anuncios falsos y documentales apócrifos en los que se cuestionaba el patriotismo de Kerry, quien a diferencia de su contendiente no se valió de privilegios para evitar ir a Vietnam, fue un héroe de guerra que por su valentía y coraje se hizo merecedor de los más grandes honores militares.

Y seguramente lo volverán a hacer, sobre todo ahora que se vanaglorian de tener más poder que el Senado de la república, en el momento en el que del electorado surjan señales inequívocas del inminente cambio en la Casa Blanca y en el Senado para 2008.

Su ominosa presencia en la opinión pública, sin embargo, no justifica el movimiento en el Congreso para revivir la vieja doctrina de la imparcialidad obligatoria en los medios electrónicos, que de ser aprobada exigiría la emisión de reportajes balanceados cuando se tratan temas controvertidos.

El primer intento por restaurar la obligatoriedad de la imparcialidad en el Congreso fracasó hace unas semanas, cuando la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que le prohíbe a la Comisión Federal de Comunicaciones gastar dinero para restaurar la doctrina. Todo indica, sin embargo, que solo es cuestión de tiempo antes de que los demócratas vuelvan a la carga con la misma historia.

Según lo ha expresado el Representante Maurice D. Hinchey (D – N.Y.), aún cuando la mayoría de los medios ofrecen información objetiva y balanceada cuando exponen temas controvertidos, la obligatoriedad de la información imparcial debe ser restablecida en las estaciones de radio hablada. Para Hinchey, es muy importante que el pueblo estadounidense pueda tomar sus decisiones basado en su habilidad para obtener toda la información que necesita y no dependiendo solamente de lo que alguien tenga a bien proporcionarle.

La doctrina, que surgió en 1949, obligaba a los medios electrónicos a dedicar tiempo para discutir asuntos de interés público y a salir al aire exponiendo puntos de vista contrastados sobre los temas más controvertidos. En 1969, la Suprema Corte de Justicia falló que tratándose de una licencia para transmitir información otorgada por el gobierno, los derechos de la audiencia predominaban sobre los derechos del transmisor y dijo no ver nada en la primera enmienda que le impidiera al gobierno exigir que un concesionario comparta su frecuencia con otros. En un caso subsiguiente, sin embargo, la Corte concluyó que la doctrina insoslayablemente sofocaba el vigor y limita la variedad del debate público. En 1987 desapareció del reglamento de la FCC, y cuando el Congreso intentó revivirla como ley ese mismo año, Ronald Reagan la vetó.

A pesar de la repugnancia que me provocan comentaristas como Limbaugh, no me convence el argumento de que en la era de la globosfera, el monopolio informativo de la derecha en la radio hablada le impida al ciudadano común y corriente obtener la información que necesita, objetiva, de izquierda o de derecha, para normar su criterio.

Por otro lado, basta con observar la asfixia gubernamental a los medios de comunicación en Cuba o su asedio en Venezuela para convencerse de que tratándose de la libertad de expresión y de prensa la mejor ley es la que no existe, y para apreciar la sabiduría de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, cuando ordena: El Congreso no promulgará ninguna ley.