Legisladores y ONG manifestaron el martes en el Congreso estadounidense su preocupación sobre los mecanismos de deportación de personas hacia Latinoamérica y el Caribe vigentes en Estados Unidos y su impacto en las naciones de la región.

Necesitamos entender completamente el proceso de deportación, cómo está afectando a los países en la región, y el impacto sobre las familias aquí y en el exterior antes de poder recomendar qué es lo que debe hacerse, expresó el presidente del subcomité de Asuntos Exteriores para las Américas de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Engel.

El legislador reconoció que el actual sistema presenta falencias. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), nuestras políticas han separado a unos 1.6 millones de familias, sostuvo, aunque aclaró: Estados Unidos tiene el derecho de deportar a cualquier criminal o inmigrante ilegal.

Como resultado de cambios a las leyes en la última década, Estados Unidos deporta actualmente a más de 200,000 personas al año, dijo Engel, quien destacó en particular el caso de México, con 145,000 deportados en 2005.