PSOE, IU – ICV, CiU, ERC y PNV rechazan la propuesta del PP para que tres ministros den explicaciones sobre el arresto del ex subdelegado Todas las formaciones políticas consiguieron ayer evitar que el denominado caso Planells pasara al plano político al rechazar la comparecencia de tres ministros solicitada por el PP para que explicaran la detención del que fuera subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, por su relación con la mafia rusa.

La Diputación Permanente del Congreso rechazó gracias a los votos del PSOE, IU – ICV, CiU, ERC y PNV, las peticiones del PP para que los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba, Joan Clos y Elena Pérez Salgado, el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, y el presidente del Consejo de Mercado de Telecomunicaciones comparecieran para informar sobre el arresto de Planells. El ex subdelegado fue arrestado por dar trato de favor a miembros de la mafia ruso – georgiana, tras una investigación que fue adelantada por este diario y que se inició a raíz de la denominada operación Avispa. En este operativo fueron arrestados una treintena de miembros de este clan en lo que fue considerado el mayor golpe dado en Europa a esta clase de delincuencia.

Hace dos semanas, el ex subdelegado del Gobierno en Barcelona fue detenido por la Guardia Civil y puesto en libertad horas después por la Audiencia Nacional, que le imputa cargos de prevaricación, falsedad documental y cohecho. El delegado Joan Rangel aseguró días después que los hechos investigados se refieren al año 2001 cuando al frente del Ejecutivo estaba el PP.Entre otros extremos, el portavoz adjunto del grupo popular, Jorge Fernández Díaz, quería que se preguntara al delegado por qué apartaron a Planells de la Subdelegación un mes antes de su arresto y fue recolocado en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones cuando sabían que lo estaban investigando. Según el diputado popular, ante las sospechas que recaían sobre el subdelegado, el Ejecutivo del PSOE le «facilitó una salida para un puesto de responsabilidad y de confianza política», en vez de «actuar en consecuencia».

El PP demandaba también que Joan Rangel diera cuenta de la información que disponía en el momento del relevo de Planells, así como de las «amenazas a CiU y PP acerca de que a raíz de sus declaraciones sobre este caso podían acabar comiéndose sus propios detritus».

En opinión de Fernández Díaz, aunque el asunto se encuentra judicializado, es también necesario «depurar responsabilidades políticas», lo que inexplicablemente no ha sucedido. A su juicio, con este caso la «ética de las personas que ocupan cargos públicos está en cuestión».

Los portavoces de los diferentes grupos que rechazaron la propuesta del PP justificaron su decisión. Para Antonio Hernando del PSOE se trata de peticiones «extemporáneas» que se enmarcan en la estrategia del partido de Mariano Rajoy de «atacar al Gobierno por cualquier motivo».

Por su parte, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, admitió la «preocupación» por este supuesto caso de corrupción pero desestimó el carácter urgente de la comparecencia. Desde el PNV, Emilio Olabarría subrayó que el caso está «judicializado», mientras que ERC y CiU se enzarzaron en una batalla dialéctica por el diputado convergente Antoni Teixidó, quien a pesar de no estar imputado en las diligencias judiciales actuó como asesor de Malchas Tetruashvili, el sospechoso al que Planells dio un trato de favor en el año 2001 cuando era el máximo responsable de inmigración de la Delegación del Gobierno en Cataluña.