DIVERSOS pueblos españoles han optado por establecer ayudas especiales a las familias para fomentar la natalidad. “Si no nacen niños el pueblo se nos muere”, expresa con dramatismo uno de los alcaldes de esas poblaciones. “España necesita niños”, dijo el domingo el presidente el Gobierno ante el congreso de las juventudes socialistas. En este sentido, la ayuda de 2.500 euros por recién nacido que prometió en el debate sobre el estado de la nación debe ser bienvenida, pero difícilmente por sí misma constituirá un estímulo suficiente para incrementar los nacimientos en la proporción adecuada. Es necesaria una política mucho más ambiciosa e integral para combatir la caída de la natalidad que sufre España y que es una de las más acusadas de Europa.

Es cierto que la tasa bruta de natalidad ha crecido estos últimos años gracias a la inmigración, ya que un 15% de los recién nacidos son de madre extranjera. Actualmente, el número de hijos por mujer en edad fértil se sitúa en 1,34, el nivel más alto desde 1993. Pero, pese al incremento en los niveles de fecundidad, España sigue por debajo de la media de la UE, donde cada mujer tiene de promedio 1,5 hijos.

La baja natalidad es un problema social y económico que pasa factura a medio y largo plazo. España comenzará a sufrir las consecuencias del gran agujero demográfico provocado por la baja natalidad a partir del año 2015, en el que sólo a efectos laborales se calcula que faltarán 850.000 trabajadores, un problema que se agravará progresivamente en los años siguientes.

El extremo opuesto del caso español es Francia, uno de los países europeos con mayores tasas de natalidad y también con mayores ayudas para las familias que deciden tener hijos, un hecho que demuestra la estrecha relación que existe entre un hecho y otro. A estas alturas ya nadie duda que, al margen de cuestiones morales, las ayudas económicas, el soporte social y la confianza en el futuro influyen directamente en la decisión de tener hijos. La actual tasa de natalidad francesa es consecuencia de las políticas impulsadas en los años ochenta por Mitterrand, de las que nuestro país debería tomar ejemplo.

A nadie se le oculta que una adecuada política de fomento de la natalidad resulta cara para el erario, como elocuentemente se refleja en el déficit público francés. En España parece haberse optado, en la práctica, por hacer frente a los problemas demográficos exclusivamente con el recurso a la inmigración. Pero, analizado desde un punto de vista económico y social, parece que no hay duda de que a la larga resulta mucho más cara la integración social, cultural y laboral de un inmigrante que la educación y formación de un niño.