El tema de la inmigración está, como todos sabemos, íntimamente ligado al terrible descenso que ha sufrido y sufre el índice de la natalidad en Euskadi.
Acerca de este grave problema es un hecho ha destacar que hasta el momento todas las medidas correctoras adoptadas por Eusko Jaurlaritza no dejan de ser simbólicas y de ninguna o escasísima consecuencia, incluidas las de última generación hace no mucho aparecidas en prensa.
Si comparamos estas mismas medidas con las existentes en un país vecino, y no precisamente modélico como Francia, sin llegar al nivel de Alemania, Suecia, Noruega o Bélgica con respecto al número de hijos y las ayudas para estudios escolares o para alquiler de viviendas que estos reciben.
Hace unos cinco años y con motivo de la publicación de un estudio del Servicio de Estudios del BBVA se manifestaba abiertamente promotor de la inmigración extranjera al valorar que era imprescindible con el objetivo de que la economía española “no quedase bloqueada, es decir sin posibilidades de funcionamiento y como vital para la sanidad de la Seguridad Social y sus Sistemas de Pensiones”.
Sin embargo, el problema de la inmigración se está hipócritamente presentando como un problema de solidaridad humana siendo básicamente un asunto distinto, un problema socio-económico de financiación de mano de obra, más o menos necesaria.
Pero la inmigración lleva consigo otras serias consecuencias no menos importantes y graves como la integración socio-cultural en la sociedad receptora, en nuestro caso la sociedad vasca, asunto éste que se está abordando con irresponsabilidad y excesiva ligereza por las autoridades políticas y especialmente por ciertas organizaciones sindicales y alguna organización humanitaria no gubernamental.