Proceden principalmente de Rumanía. Tienen entre 19 y 25 años y viven mayoritariamente en situación ilegal, prostituyéndose en las calles de Barcelona. Ése es el frío perfil de la estadística. Pero más de un 60% pide ayuda laboral o formativa para salir de la calle. Un dato revelador que por primera vez se ha puesto sobre el papel. Lo ha hecho la Agència per a l´Abordatge Integral de les Treballadores Sexuals, un ente que se creó a raíz de la ordenanza de civismo y que ha concluido su primer informe desde que entró en vigor la normativa. Un organismo que ha permitido contactar con 2.800 mujeres que hacen la calle y dar una atención personalizada a las necesidades de 1.429 de ellas.

Uno de los datos más reveladores figura en el tipo de demanda que las trabajadoras sexuales han hecho a las educadoras que cada día se han paseado por las calles desde que entró en vigor el plan para el abordaje integral del trabajo sexual el pasado 29 de mayo del 2006. Más del 60% ha pedido ayuda laboral y formativa para dejar de ejercer la prostitución en la calle, rompiendo de esta manera uno de los arquetipos de la prostitución. La ayuda para tramitar la tarjeta sanitaria figura muy lejos, en el número dos de las peticiones, con apenas un 11%, seguida de atención jurídica, con un 9,9%. Atención sanitaria, alojamiento y trámites de documentación son otras de las cuestiones que las educadoras de la agencia han intentado solventar en la medida de lo posible en el mismo día en que las mujeres lo solicitaban.

Aunque el número de contactos y atenciones ha sido elevado, no lo han sido tanto los casos que se han materializado en un seguimiento continuado en el tiempo. El miedo es uno de los principales factores que impulsan a estas mujeres a utilizar el servicio de forma muy concreta y esporádica, pero todavía son pocas las que se atreven a ver la agencia como una tabla de ayuda real. Además, las educadoras representan al mismo Ayuntamiento que por una parte les ofrece ayuda social y por la otra les multa día sí, día también, amparándose en la ordenanza de civismo, lo que crea importantes disfunciones. Apenas se han abierto 220 informes a mujeres, de las cuales, tres de cada cinco se encontraban en situación irregular en el país. La vía del empadronamiento – 133 estaban inscritas en el padrón de la ciudad o de otras colindantes- les ha permitido acceder al servicio más básico: el sanitario. Y es que el 60% de las mujeres ha reconocido tener tarjeta sanitaria.

El trabajo de campo y la posterior puesta en marcha de actuaciones concretas – muchas de ellas mediante convenios con instituciones que ya vienen trabajando con este colectivo desde hace años- han dado pie a la creación de un centro de acogida de urgencia. Se trata de un servicio de primera atención con capacidad para cinco mujeres víctimas del tráfico de personas que se sitúa como fase previa para acceder a un centro residencial ya existente. Es un servicio que se abrió en octubre del 2006 y por el que en un trimestre han pasado 14 mujeres de cinco nacionalidades, la mayoría procedentes de los países del Este. Además, está prevista la entrada en funcionamiento de dos pisos puente que consolidarán el proceso hacia la autonomía de las víctimas que han huido de las redes de tráfico y no disponen ni de medios ni de recursos.

Pero uno de los apartados donde está teniendo más éxito la agencia es en el campo de la recolocación laboral. Hasta el momento, una veintena de mujeres han seguido alguno de los itinerarios ofrecidos en convenio con asociaciones que desde años trabajan en la inserción laboral de mujeres con riesgo de exclusión social, aunque la lista de espera para próximos cursos es larga. Hasta el momento, sólo una persona ha abandonado las clases. Un éxito a todas luces, y más, teniendo en cuenta que otras diez mujeres han iniciado recientemente cursos de recolocación. Unos programas que las propias educadoras sitúan entre un 60% y 70% de éxito. Además, otro convenio permite dar apoyo a otras 30 mujeres que siguen un curso de formación en auxiliar de enfermería en geriatría. Unas clases que ya siguieron doce mujeres, de las cuales diez han conseguido ya trabajo con contrato bien en residencias o bien como trabajadora familiar.

La mitad de las mujeres que se han atendido desde la Agència y otras entidades colaboradoras son rumanas. Es sin duda el principal contingente de prostitutas que hoy trabaja en las calles de Barcelona y un fenómeno creciente, tal y como reconoce el propio informe. Para conocer mejor el fenómeno de las redes de tráfico y prostitución en Barcelona, el Ayuntamiento encargó un estudio en el marco del plan para el abordaje integral del trabajo sexual que se llevó a cabo recientemente por parte de dos sociólogas de origen rumano.

La investigación se realizó principalmente en el distrito de Constanza en Rumanía, lugar del que proceden la mayoría de chicas que ejercen la prostitución en el barrio del Raval de Barcelona y país donde el concepto de trata de blancas sólo se considera como tal cuando va acompañado de violencia. El análisis refleja que las personas que ejercen la prostitución en su país son las principales candidatas a migrar y ejercer en otro lugar. Muchas de ellas – además de seguir prostituyéndose- ejercen en Barcelona también el papel controladoras sobre otras chicas que han podido ser víctimas, en primer lugar, de la trata de blancas interna en Rumanía y, posteriormente, víctimas de la trata internacional, señalan fuentes próximas al estudio.

La reciente entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea hace a las autoras de la investigación alertar a las ciudades a que “preparen y prevean mecanismos para hacer frente a un posible crecimiento del número de víctimas de trata” y ponen de manifiesto la necesidad de establecer un protocolo de actuación oficial para evitar que se produzcan casos de vulneración de derechos sobre todo en situaciones de intervención policial. Porque una de las principales críticas que se derivan del informe de la agencia hace referencia precisamente a la actuación policial. La macrorredada del Raval de 15 de noviembre del 2006, bautizada precisamente como Operación Constanza, marcó un hito para la agencia, que reconoce que en muchos casos no se respetaron los derechos de las mujeres que fueron detenidas.

Pone de manifiesto que la derivación de los casos a la agencia de mujeres que necesitaban atención después de la redada “fue difícil y costosa, cosa que impidió atenderlas a todas”, critica Ramon Lamiel, director entonces del Servei de Dona i Drets Civils, testimonio directo de la atención que recibieron las mujeres tras ser detenidas y que señala sólo como dato significativo: “No había ninguna mujer policía”. Por ello, consideran que se debe “mejorar no sólo la sensibilidad, sino la eficacia de las políticas y establecer un diálogo con los principales agentes que intervienen en estos casos”, así como “potenciar la formación especializada de la policía en relación con la prostitución y en materia de tráfico y trata de seres humanos”.