IU – ICV presenta una batería de preguntas sobre las ilegalidades y anuncia una proposición no de ley TCS – Courier incumple plazos, exige pagos desorbitados y viola los procedimientos administrativos MADRID. – La Embajada de España en Islamabad (Pakistán) ha delegado la tramitación de visados para reagrupamiento familiar en una empresa multinacional de transporte y mensajería (TCS – Courier) que incumple todas las normas de procedimiento administrativo, vulnera los plazos legales y exige pagos desorbitados a los inmigrantes por sus servicios.

Las denuncias de los paquistaníes residentes en España que aspiran a la reagrupación familiar se acumulan en un despacho de abogados de Barcelona y han dado lugar a una batería de preguntas parlamentarias firmadas por IU – ICV y a la presentación, el próximo lunes, de una proposición no de ley reclamando una modificación del procedimiento administrativo de petición de visados.

El informe de los abogados explica las situaciones irregulares que se producen en la embajada de España en Pakistán y que afectan a extranjeros que residen legalmente en España y que deben de ser amparados por la ley orgánica que regula el derecho a vivir en familia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de 1950 y la Carta Social Europea.

Los problemas se producen cuando la legación diplomática española impide el acceso a sus instalaciones a todas aquellas personas que desean solicitar visado para hacer efectiva la entrada en territorio español de sus familiares. La embajada delega las funciones de tramitación de dichos documentos en la empresa multinacional TCS – Courier, dedicada al transporte y la mensajería.

La legislación española contempla la posibilidad, según el informe de los abogados, de habilitar registros auxiliares para descongestionar las avalanchas de la solicitud de visados. Es el caso, por ejemplo, de la embajada de España en Moscú, que recibe cientos de miles de demandas de visado turístico. En todo caso, prosigue el informe, la legislación no contempla que estas funciones, que conllevan recibir y manejar documentación pública, puedan atribuirse a una empresa privada cuya actividad económica es la mensajería y cuya finalidad es lucrativa.

TCS – Courier cita a los solicitantes de visa exclusivamente por vía telefónica, sin entregarles ningún tipo de comprobante. Los plazos se alargan durante meses incumpliendo la norma por la cual la solicitud de visado Schengen por reagrupación familiar debe presentarse antes de tres meses desde el día que el reagrupante recibe la notificación conforme de la Subdelegación del Gobierno de cada provincia. TCS – Courier asigna citas a cuatro, seis y más meses vista. Para quienes tienen la suerte de poder presentar la documentación ante la citada empresa, la sorpresa llega cuando ésta no ofrece ni resguardo ni copia alguna sellada por la Administración.

Las leyes contemplan un tiempo de tramitación para estos expedientes de entre tres y seis meses. TCS – Courier los prolonga en algunos casos hasta un año. Algunos de los denunciantes señalan que la compañía mencionada les ha llegado a reclamar hasta 1.000 euros para proceder ágilmente a las tramitaciones. Si no se paga, la solicitud es denegada.

También es habitual la denuncia de aquellos peticionarios a los que se ha sometido, sin ninguna de las garantías que exige la ley, a investigaciones sobre su vida privada por personas que sólo se identifican verbalmente como funcionarios de la embajada de España y que, en ningún caso, dejan acta de su actividad.

El despacho de abogados que investiga los casos denunciados ha intentado ponerse en contacto en múltiples ocasiones con la sección consular de la Embajada. Nunca ha sido posible. Un mensaje de voz grabado remite siempre al teléfono de TCS – Courier.