“Si protestas, te vas a la calle. Aquí no hay vacaciones, y se trabaja sábados, domingos y horas extras”. Era lo que decía a sus trabajadores, inmigrantes ilegales Florencio V. A., a quien la fiscalía de Madrid ha decidido sentar en el banquillo, por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de falsedad.

La fiscalía tiene constancia de que Futuro Perú, SL, la sociedad de Florencio, sometió a condiciones similares a la esclavitud al menos a cuatro inmigrantes. Y que el acusado se aprovechó de que los contratados – algunos de ellos peruanos – eran inmigrantes sin papeles. En su empresa había que trabajar diariamente, aun sin estar dados de alta en la Seguridad Social, un mínimo de 10 horas diarias, sábados y, muchas veces, también los domingos. Las horas extra eran obligatorias, a ocho euros cada una. Quien se negaba a trabajarlas, recibía como castigo descuentos del sueldo. Y nada de vacaciones de verano. Tres años y seis meses de cárcel le pide la fiscalía. Cuando vio que los inspectores de Trabajo seguían sus pasos, Florencio confeccionó supuestamente un permiso de trabajo falso para uno de sus empleados. “Dame una foto tuya tamaño carné”, le pidió al trabajador Víctor Manuel C. T. “Si no me la das, te vas a la calle”.

La fiscalía de Madrid dispone de un informe que pone de manifiesto la eclosión de empresarios, muchos de ellos extranjeros, que someten a sus trabajadores a condiciones indignas. “Vamos a ser implacables con estas conductas”, señalan fuentes jurídicas.

En este contexto se enmarca también la petición de cuatro años de cárcel que pide la fiscalía para María Dolores P. B., acusada de ceder ilegalmente trabajadores a residencias de ancianos de Madrid. María Dolores les contrataba por su cuenta y luego cedía sus servicios a geriátricos. Ella negociaba los sueldos y se adueñaba de una parte de los ya de por sí reducidos sueldos que percibían por labores de psiquiatría o fisioterapia. “Ceder trabajadores es ilegal, pero, en este caso, también son víctimas de esta situación los propios mayores de esas residencias”, destacan las citadas fuentes fiscales.

La tasa de siniestralidad laboral en la capital tampoco va por buen camino. Entre enero y junio, sólo en la capital, se han producido 374 heridos leves y 102 graves, según datos de la brigada de la Policía Municipal encargada de investigar los accidentes laborales.

“Es preciso más vigilancia. 200 inspectores de trabajo para todo Madrid es una cifra insuficiente; eso hace que no se visiten los centros de trabajo y que el empresario prefiera asumir el riesgo y no invertir en seguridad”, señala José Cepeda, candidato a la secretaría general del Partido Socialista de Madrid. “El convenio de la fiscalía y el Ayuntamiento de implicar a la Policía Municipal en la investigación de estos delitos es un modelo a seguir. Lo lamentable es que la Comunidad no quisiera firmar ese convenio, lo que, a mi juicio, demuestra lo poco que le preocupa a Esperanza Aguirre la vida y la salud de los trabajadores”, añade Cepeda.