El consejero de Inmigración, Rafael Blasco, cerró ayer el círculo de la polémica que desató el lunes tras abogar por la regularización de los inmigrantes sin papeles. Blasco se ciñó a la pauta marcada por el vicepresidente social, Juan Cotino, y prácticamente reprodujo sus palabras al reconocer que la Generalitat “no tiene una sola competencia en procesos de regularización”. Precisamente, la falta de competencias del Consell en esta materia es lo que respondió Cotino ante la apuesta del consejero de Inmigración por una “regularización rápida de los inmigrantes”.

Ayer, tras el marcaje de Cotino a Blasco, éste no sólo lanzó balones fuera sobre la normalización administrativa de los extranjeros que propuso sino que apuntó hacia el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así, indicó que la presencia de inmigrantes en el antiguo cauce del Turia en Valencia bajo el puente de Ademuz es “una consecuencia del efecto llamada de la política catastrófica del Gobierno socialista”. Blasco, que se pronunció de esta forma antes de inaugurar la tercera edición de la escuela de verano de la fundación Ceim, indicó que “el total fracaso” de la política de inmigración del Ejecutivo estatal es el responsable de que haya 90.000 personas en situación irregular.

Es una “lacra social” que el Gobierno socialista “en lugar de haber hecho una regularización adecuada y que en la Comunidad Valenciana estén exclusivamente las personas que cuenten con los papeles y los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano, siga incurriendo en esta política errática que no contribuye más que a generar guetos”, comentó el consejero.

El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, calificó ayer de “excusa impresentable” estas críticas de Blasco ya que la atención a los inmigrantes es una competencia “exclusiva” de la Generalitat. Bernabé censuró al consejero de Inmigración por “cada día decir una cosa” ya que “un día habla de lo bueno que es regularizar inmigrantes y ahora critica el proceso de regularización más ordenado que se ha hecho en este país”, en el que sólo se normalizó la estancia de los extranjeros con ofertas de trabajo y residencia probada.

También Compromís se sumó al debate sobre la regularización. La diputada de este grupo Mònica Oltra anunció la presentación de una proposición no de ley para pedir al Gobierno un proceso de regularización “en la línea de lo solicitado por Rafael Blasco”.