El nuevo Consejo de la Ciudadanía de Vic nace con el objetivo de que la inmigración deje de percibirse como un problema. El cometido de este órgano consultivo, constituido ayer por el Ayuntamiento, será debatir y pactar las políticas que puedan incidir a favor de la convivencia e integración. Estará formado por todos los ediles del Consistorio a excepción de los cuatro representantes de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC).

La inmigración capitalizó la mayoría de los mensajes electorales de las pasadas municipales en Vic y los resultados del 27 de mayo, que situaron a la PxC de Josep Anglada como segunda fuerza más votada. Quedó claro que hacía falta hacer alguna cosa y de forma urgente. La primera fue crear un gobierno lo más amplio posible que, capitaneado por CiU, también incluye los ediles del PSC, ERC e ICV – EUiA. La segunda, el Consejo de la Ciudadanía. Éste ha de servir para consensuar acciones que favorezcan y mejoren la convivencia ciudadana. Según el nuevo alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, las dos premisas que rigen lo que él define como “un foro de debate interno sobre inmigración” serán “evitar la demagogia”. A él se han sumado todos los partidos de gobierno y también la CUP, en la oposición. Quedan al margen los cuatro ediles de la Plataforma, a quienes se les condiciona la entrada al “abandono de forma clara y pública de sus posiciones más radicales y extremistas”, explica Vila d’Abadal. La última palabra de lo que el consejo apruebe la tendrá el equipo de gobierno y el pleno municipal. Este órgano está llamado a contrarrestar la estrategia que Anglada realizó en el pasado mandato y que le valió los sorprendentes resultados electorales. D’Abadal reconoce que el líder de la PxC supo “captar el malestar”.

En la primera reunión del consejo se acordaron importantes medidas de choque: la creación de una segunda comisaría en la zona de El Remei, donde se concentra la mayoría del 22% de población inmigrante de Vic. También se debatió la viabilidad de abrir en esta área una oficina para facilitar los trámites y la atención a los ciudadanos. En materia de vivienda, se consensuó delimitar áreas donde el Ayuntamiento tenga prioridad de adquisición de pisos en venta para esponjar determinadas zonas y dedicarlos a usos sociales. Se acordó, asimismo, paralizar la subasta de los terrenos de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, víctima en 1981 del segundo atentado de ETA más sangriento en Cataluña. Las viviendas ahí planeadas serán de protección en régimen de alquiler.