No habrá más regularizaciones extraordinarias de inmigrantes ecuatorianos, ni de ningún otro país, aunque el Gobierno sí está abierto a considerar, caso por caso, algunas demandas de reagrupación familiar especialmente urgentes por razones humanitarias. Así lo aseguró ayer el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, tras reunirse con su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, en su primer viaje oficial a España desde que fue elegido el pasado noviembre.

El visitante, Rafael Correa, en su primera visita oficial a España tras su elección, el pasado noviembre, sí que pidió medidas especiales, ya que, en su comparecencia ante la prensa, sostuvo que, “aunque se avanzó mucho” con la regularización extraordinaria de 2005, “todavía queda”. Zapatero afirmó, en cambio, que “no hay ningún plan previsto” para nuevas regularizaciones extraordinarias y reiteró que la actuación de hace dos años tuvo un carácter excepcional, justificado por la herencia de un millón de inmigrantes sin papeles recibida del Gobierno del PP y por la decisión del PSOE de “no admitir ni la explotación ni la hipocresía”.

Correa encajó el jarro de agua fría como si fuera una polémica sobre cifras. Empezó diciendo que, según sus cálculos, en España hay “unos 700.000” ecuatorianos. Zapatero contrapuso a ese número el de 500.000, “casi todos ellos regularizados”, dijo, y concretamente, entre 150.000 y 200.000 con ocasión de la regularización extraordinaria. Avanzada la rueda de prensa, y después de que el anfitrión dejara claro que no habrá nuevas medidas de excepción, el presidente de Ecuador aceptó el cálculo español y dijo incluso que se había sentido aliviado al conocerlo, porque implica que el problema de los inmigrantes irregulares ecuatorianos no era tan grave como se pensaba.

Correa insistió, no obstante, en que hay problemas serios de reagrupación familiar, porque los ecuatorianos tienen salarios bajos en España, “entre 1.200 y 1.300 euros”, precisó, y no pueden traer a sus hijos. Habló de un posible plan de ayudas para resolver esas situaciones. El presidente Zapatero reconoció que “hay casos desgarradores de niños que con ocho años no han visto nunca a sus padres” y recordó que la legislación española incluye medidas que pueden ayudar a subsanar esas situaciones.

Expulsados de su país

El presidente de Ecuador insistió en que los dos millones de emigrantes ecuatorianos en todo el mundo han sido “expulsados” de su país por la “nefasta” herencia económica y política de los gobiernos que le precedieron, y aseguró que esa situación va a ser remediada por el Gobierno que ahora preside. Zapatero expresó su confianza en ese proceso y el deseo de que “los ecuatorianos puedan regresar a un nuevo Ecuador”, que este año va a contar con una ayuda oficial española de 200 millones de dólares.

Correa descartó que su Gobierno vaya a nacionalizar los hidrocarburos, que son ya un sector estatal, aunque se quejó de que es poco razonable que en algunos casos la participación pública en las empresas explotadoras llegue apenas al 15%. El presidente ecuatoriano confirmó, por otro lado, que se han detectado “algunos problemas” en la revisión de los contratos de Repsol-YPF, pero los consideró “superables”.

El presidente ecuatoriano confirmó también en Madrid su intención de disolver el Parlamento, que, aseguró, está lleno de “corruptos y mediocres”, y tachó igualmente de “mediocres” a los periodistas ecuatorianos. En su conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa, se justificó con el argumento de que en Ecuador ha llegado la libertad de expresión para todos, “y también para el presidente”, añadió.
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