José Montilla proclamó en su discurso de investidura, el pasado mes de noviembre, que quería ser “el president de un Govern que tenga como máxima prioridad las políticas sociales, el bienestar de las personas”. Este ha sido un elemento recurrente en las intervenciones de Montilla, y también en las de sus consellers. Pero, según un estudio de la propia Generalitat, parece que los ciudadanos no se lo acaban de creer. La prueba es que la mitad de los encuestados niegan que el Govern tenga como prioridad las políticas sociales.
El director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Gabriel Colomé, atribuye esta respuesta de los ciudadanos al hecho de que el desarrollo de las nuevas políticas del Govern es complejo y no se notará de un día para otro. “La opinión pública es un diésel, muy estable”, añade Colomé.
A través de algunas de las respuestas de los encuestados se comprueba, según el director del CEO, que las preocupaciones de la opinión pública no siempre coinciden con la publicada, y se podría añadir que tampoco con la de los gobernantes. El ejemplo más evidente es que un 45% de los ciudadanos no saben qué son las veguerías, la futura división territorial que sustituirá a las actuales provincias.
Por si alguien dudaba de que la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, un 95% de los catalanes consideran que la Generalitat debería promover pisos para los jóvenes. Además, un 60% de los encuestados defienden que la actual dotación de infraestructuras es insuficiente. A pesar de los problemas con Cercanías, más de la mitad de los ciudadanos califican de “correcta” la oferta de transporte público en el área metropolitana. En cambio, la mayoría creen que en el resto de Catalunya es insuficiente.

INMIGRACIÓN Y LENGUA
Tres de cada cuatro encuestados creen que la ley de acogida de la inmigración deberá incluir la exigencia de que los inmigrantes conozcan el catalán.
Este estudio del Govern también pregunta por la presencia que debe tener Catalunya en el mundo. Queda claro que casi la mitad de los catalanes defienden que la proyección internacional debe ser la que permitan las actuales competencias. Pero existe un 30% de ciudadanos que consideran que la Generalitat debería poder defender los intereses de Catalunya “al mismo nivel que un Estado”.