el día 28 de junio, menos de una semana antes de la fecha del 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos, la Corte Suprema de aquel país ha tomado una decisión simbólicamente importante. Los jueces han condenado dos escuelas acusadas de discriminación racial en contra de niños… blancos. Uno de los casos es particularmente llamativo: las autoridades de un jardín de infancia habían negado la inscripción a un niño porque, por ser blanco, hubiera roto el equilibrio de proporción racial en clase. El distrito escolar competente había decidido que en cada clase era necesario que un mínimo de 15% de los niños debían de ser minorías visibles.

La decisión del supremo estadounidense no marca el fin de la discriminación positiva, en efecto la sentencia implica que hay casos en que el color de la piel de un niño puede ser tomado en consideración. Discriminación positiva es un sintagma nominal que traduce el inglés affirmative action, una fórmula impulsada en EE.UU. después de las batallas para la integración y para los derechos civiles de los afroamericanos hace medio siglo. Con dicha fórmula las autoridades americanas integraron a miles de afroamericanos e hispanos en escuelas, en universidades y en el trabajo. Se trató de un gesto de coraje por parte de una administración demócrata en un país históricamente marcado por el racismo. En particular, la discriminación positiva fue fundamental para consolidar en los Estados Unidos una clase media afro-americana, cuya cara internacionalmente más reconocible hoy es nada menos que Condoleezza Rice.

Sin embargo, ahora la discriminación positiva ya no es lo que era. En efecto, la discriminación positiva se inventó en el contexto de la declaración de la guerra en contra de la pobreza, una serie de iniciativas sociales decididas por la administración de Lyndon Baines Johnson (LBJ); una guerra que, cabe recordarlo, fracasó empantanada en los arrozales de otra guerra, la de Vietnam. Las pesquisas ordenadas por el equipo de LBJ revelaron un porcentaje muy alto de pobreza en aquellas comunidades americanas a las cuales la pertenencia a Estados Unidos había sido impuesta a la fuerza: había muchos pobres entre los descendientes de los esclavos negros, entre los chicanos de los territorios que EE.UU. le había conquistado a México y entre las naciones indígenas desplazadas en reservas. Dicho de otra forma: había una proporción de pobres disproporcionalmente alta entre las comunidades que históricamente no habían escogido pertenecer a los Estados Unidos. El análisis era histórica y la affirmative action empezó como una iniciativa del gobierno de EE.UU. para cumplir una deuda con comunidades históricamente oprimidas, conquistadas o esclavizadas por Estados Unidos. Las comunidades que debían de beneficiar de la discriminación positiva no eran escogidas por razones de pertenencia racial sino por razones de justicia histórica.

Nadie dice que en Estados Unidos no haya racismo. Cuentan que Johnson, al firmar la ley de los derechos civiles haya suspirado ahí se nos va el sur para una generación. Siendo tejano LBJ sabía que el electorado de los antiguos Estados esclavajistas nunca le hubiera perdonado a los demócratas. Y así fue: el sur, antiguo bastión demócrata se transformó en feudo republicano, y Tejas que había dado a los EE.UU. Lyndon Johnson, conocido también como el mejor amigo de los negros americanos desde Lincoln, acabó dando al mundo George W. Bush…

Pero de la discriminación positiva vinculada al sentido de justicia histórica queda poco. Ahora se basa en el término minoría visible que sirve para meter en el mismo saco por ejemplo, los hijos de los espaldas mojadas analfabetos de Guatemala con los de los ingenieros informáticos hindúes, y la categoría de blanco no distingue entre los pobres que viven en las caravanas de la América profunda y los residentes de los barrios ricos. La discriminación positiva se ha transformado en un maná del cielo para todos aquellos que no quieren que se hable de pobreza en términos de clases sociales en Estados Unidos, y es tal vez por eso que la medida que en las intenciones de la administración Johnson debía de haber durado una generación o poco más, todavía existe. Parece que por una vez los jueces conservadores estadounidenses han tomado una decisión justa, y justo a tiempo para el 4 de julio.