Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), los movimientos migratorios en África constituyen la tercera parte del global del planeta, lo que contribuye a dificultar el control de los mismos.

Como se recoge en el estudio de M. Khachani, titulado «¿Por qué emigran los jóvenes marroquíes?», «en la imaginación de la juventud marroquí, emigrar es sinónimo de liberación». Los jóvenes africanos, en general, se mueven por una motivación claramente económica y ahí España es considerada como «tierra próspera y capaz de solucionar sus problemas», lo que viene a confirmar que España ha crecido económicamente en los últimos 30 años, multiplicando por 16 el Producto Interior Bruto (PIB) y por 14 la Renta Per Capita (RPC).

España está dentro de los 20 primeros Estados del Índice de Desarrollo Humano, mientras Marruecos ocupa el puesto 126. Un español tiene 12 veces la renta de un marroquí, una esperanza de vida superior en 11 años y el índice de analfabetismo en Marruecos se aproxima al 50%.

Esta situación entre unos países y otros provoca que, cada día más, se produzcan movimientos de personas, a través de diferentes rutas (norte de Marruecos, Ruanda, República Democrática del Congo, Gabón o Camerún, Nigeria, Ghana y Costa de Marfil), generándose un tráfico de seres humanos, que los Estados deben de controlar y evitar la proliferación de mafias, la migración irregular y evitar la tragedia que supone la pérdida de vidas humanas. Es evidente que España, la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), disponen de medios muy avanzados para controlar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, pero nunca serían suficientes para evitar estos movimientos irregulares. Por esta razón, la llegada de irregulares ha de frenarse en los puntos de salida, y establecer los necesarios acuerdos de cooperación.

El Gobierno de España ha incorporado a África, en particular a África Subsahariana, entre sus prioridades de política exterior, con el firme objetivo de mejorar las condiciones de vida en los países de origen de la emigración, para lo cual ha puesto en marcha diversos programas:

Destinar 60 millones de euros en el año 2006 para el fondo global contra el sida, la malaria y la tuberculosis.

Incremento de la ayuda oficial al desarrollo, que pasa de 123 millones de euros en 2003 a 450 millones en 2005.

Incremento de la ayuda gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional que pasa de 33 millones de euros en 2003 a 120 millones en 2007.

El conocido Plan África, con vigencia para el trienio 2006 – 2008, tiene previsto multiplicar por cuatro el presupuesto actual llegando a 120 millones de euros en 2008, contemplando diferentes aspectos sanitarios, educativos, de derechos humanos, control de flujos migratorios irregulares etc…

La adopción de medidas a largo plazo y la asignación de ayudas a los países de origen debe complementarse con el fomento del desarrollo de la democracia en la zona, esencial para el establecimiento de un orden jurídico estable, que permita la confianza y la inversión de capitales extranjeros, capaces de llevar el progreso económico dentro de un modelo de desarrollo sostenible.

La inmigración no es buena ni mala por naturaleza, necesita de organización y adaptación de los flujos a las posibilidades del mercado laboral y a las características de las sociedades receptoras.

España, en base a factores geoestratégicos, económicos, políticos y sociales, se ha convertido en país de destino, cuando se podía creer que sólo era de tránsito. Por la magnitud del fenómeno, España debe asumir un papel protagonista en la Unión Europea en lo referente a migraciones y debe intensificar la lucha contra la economía sumergida nacional, verdadero generador del efecto llamada para la inmigración irregular. Los supuestos beneficios para la economía nunca podrían justificar que mirásemos hacia otro lado.

Francisco Abellán Martínez es senador por Murcia del PSRM – PSOE y secretario de la Mesa de la Comisión de Defensa del Senado.