Las entidades que asisten a los subsaharianos del puente de Ademuz piden a la Síndica de Greuges una investigación por la violaciónde sus derechos fundamentales Ali tiene 27 años y malvive en menos de un metro cuadrado. Es uno de los tres inmigrantes que se han instalado en los agujeros del pretil izquierdo del viejo cauce, cerca del puente de Serranos.

Con un colchón de espuma, varias sábanas, una mesa y una silla se apaña para subsistir en una ciudad extraña en la que lleva dos años y tres meses, tal y como explica con la mirada ausente, como si recordara escenas de su Mali natal.

Explica que se ha instalado en este espacio gracias a un italiano que también lo emplea. “Esta es mi casa”, acierta a decir con una ligera sonrisa que parece sincera.

Ali se incluye dentro del grupo de inmigrantes que subsisten en los bajos del puente de Ademuz, a la espera de ser contratados para trabajos eventuales en el campo, pese a que la temporada de la naranja, cuando mayor demanda hay, hace tiempo que ha pasado. Dice que trabajó por última vez en diciembre.

En el pretil hay cuatro agujeros, a modo de nichos, de los que tres tienen signos de ser ocupados con frecuencia, aunque Ali se turna con los otros inmigrantes en el espacio mejor habilitado. Sólo conoce Valencia, ya que no ha estado en otras ciudades españolas. Se plantea irse a trabajar temporalmente a Lérida, donde le han dicho que se puede ganar algo de dinero sin el imprescindible permiso de trabajo.

“En Mali trabajaba como mecánico de motores diésel. Es algo que me gustaba. Pero aquí cuando he ido a algún taller me piden el permiso de trabajo”, dice.

Esta persona acierta a esbozar una sonrisa cuando se le pregunta por su familia, que vive a miles de kilómetros de distancia, aunque cambia el gesto cuando explica que tiene una hija de cuatro años a la que no sabe si volverá a ver. Disimuladamente, se enjuaga una lágrima, como si no quisiera ser visto en un momento de debilidad. Acto seguido se repone. “Me gustaría vivir en una casa como vosotros, pero sin trabajo y sin permiso no puede ser. Me queda un año para conseguir el permiso, entonces creo que podré trabajar”, explica.

Albergues

Sorprende que pese a su precaria situación no recurran a los albergues municipales, que según el Ayuntamiento, siempre están dispuestos a acoger a estas personas. “Sólo podemos estar seis días. Aunque sí nos dejan comer allí y ducharnos”, explica mientras apura un refresco.

“Hay muchos amigos. Los ecuatorianos te hacen regalos y hay gente que nos trae comida”, señala. “Sólo pido a Dios que me dé una oportunidad. Si algún día tengo casa, dejaré entrar a la gente que vive en la calle”, explica con la certeza del que ha sufrido las penalidades de dormir a la intemperie.

A varios cientos de metros del agujero del pretil, continúa la lucha por las personas que malviven debajo del puente de Ademuz, el que une la Gran Vía Fernando el Católico con la avenida Pío XII.

Diferentes integrantes de la Red de Acogida de Inmigrantes, la Mesa de Entidades de Solidaridad, el Foro Alternativo y la Asamblea Baobab se reunieron ayer en Valencia con la Síndica de Greuges, Emilia Caballero.

Los representantes de estas organizaciones, que agrupan a medio centenar de ONG, trasladaron a la defensora del pueblo valenciano los motivos que les han llevado a solicitarle una investigación.

A finales de mayo, estas entidades pidieron a la Síndica que estudiara la posible violación de los derechos fundamentales de las personas que malviven en el viejo cauce. Una profesora de la Facultad de Derecho redactó las argumentaciones del escrito enviado a la Sindicatura, que tiene su sede en Alicante.

Las ONG sostienen que la omisión de las Administraciones públicas con competencias en servicios sociales (Generalitat y Ayuntamiento de Valencia) en la prestación de ayuda básica a los inmigrantes constituye por sí sola una violación de los derechos a la salud, a una vivienda o a la integridad física, entre otros.

Luis Poveda, integrante de la Red de Acogida, mostró el agradecimiento de las organizaciones a la Síndica por haberse trasladado a Valencia y manifestó que le expresaron las reivindicaciones que llevan más de dos años planteando a la Concejalía y a la Conselleria de Bienestar Social: que construyan al menos uno de los centros de acogida a los que se comprometió la Generalitat en 2001.

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