Si los jóvenes tienen dificultades para acceder a un piso, los inmigrantes las tienen aún mayores para alquilarlo, porque su capacidad de negociación «es muy débil», sobre todo cuando llegan: carencia de información, inseguridad, escasez de ingresos, irregularidad administrativa, desorientación, poco dominio del idioma Y esta situación de «vulnerabilidad» se acrecienta por la «desconfianza y las reticencias de los propietarios provocados en su gran mayoría por prejuicios y estereotipos». Las consecuencias son dos: dificultad para acceder a una vivienda en alquiler y vulneración «casi sistemática» de sus derechos a la hora de establecer las condiciones de contrato, residenciales o de habitabilidad. Entre los abusos más frecuentes se mencionan el tener que pagar un sobreprecio y formalizar avales y fianzas mucho más gravosos. También abundan los contratos paralegales, donde no se produce la prórroga automática del mismo y los derechos de la personas inquilinas están menos protegidos. El subarriendo también es una práctica «muy habitual».

Si bien el colectivo inmigrante se ve abocado al alquiler desde su llegada – siete de cada diez viven en ese régimen – , las estadísticas señalan que a medida que se integran social y laboralmente – «más de cinco años de estancia» – el porcentaje de inmigrantes que optan por la opción de propiedad se eleva hasta el 34%, aunque sea en barrios periféricos o céntricos degradados, lo que comporta un riesgo de guetización.