MARIBEL NÚÑEZ ENVIADA ESPECIAL

LUXEMBURGO. La Unión Europea se solidarizó ayer con Malta por el drama de la emigración ilegal, ya que es un «problema europeo», pero rechazó la petición del Gobierno de ese país de repartir entre todos los países la carga de la emigración ilegal. La presidencia de la UE, este semestre en manos de Alemania, se limitó a decir que la petición, no osbtante, se estudiará en una próxima reunión, aunque advirtió a las autoridades de ese país que la situación no es tan grave si se compara, por ejemplo, con la presión migratoria que sufrió su país en los años noventa.

Entre las posibilidades que se analizarán en Bruselas no se descarta que se destine una ayuda económica especial para los países que se vean, coyunturalmente, muy afectados por la emigración ilegal.

El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el concepto de responsabilidad compartida «es una buena idea, pero queremos hacerlo sin romper el principio básico de que los que llegan ilegalmente a Europa tienen que volver a sus países, ya que de otro modo se podría generar un efecto llamada».

Otra manera de ayudar tanto a Malta como al resto de países que tienen problemas de presión migratoria ilegal es reforzando Frontex, según explicó ayer el comisario europeo de Interior y Justicia, Franco Frattini. A finales de este mes se pondrá en marcha una misión de Frontex en esa zona del Mediterráneo.

En todo caso, toda la UE instó ayer a que los países que reciban los ilegales, sobre todo, deben intentar salvar sus vidas, lo que no debe estar sujeto a ninguna condición.

En relación con Frontex, Rubalcaba explicó ayer que se continuará la misión que se desarrolla en la actualidad en Canarias, formada por un avión y un barco italianos con el único cambio de que una aeronave española sustuirá a la italiana.

Tratado de Prum

En otro orden de cosas, los Veintisiete aprobaron la trasposición al ordenamiento comunitario del Tratado de Prum, que estaba firmado por tan sólo siete países europeos, entre los que estaba España. Esto supondrá que las Policías de toda la UE compartirán datos de ADN, huellas dactilares y matrículas de vehículos para aumentar su eficacia.