?indicatos policiales y de pilotos aéreos coincidieron ayer en sus peticiones al Gobierno para que la deportación de inmigrantes a sus países de origen no se realice en aviones comerciales, sino que se habiliten aeronaves especiales para evitar situaciones de riesgo.


Esta solicitud la realizan para intentar evitar lo que sucedió el pasado sábado, día en el que el nigeriano Osamuyia Akpitaye, de 23 años, murió cuando viajaba en un avión de Iberia, entre Madrid y Lagos, en cumplimiento de una orden de expulsión, por lo que el piloto decidió aterrizar en el aeropuerto de El Altet (Elche). La familia de la víctima aseguró que perdió la vida por los golpes que le propinaron los agentes que lo custodiaban.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió ayer la elaboración de un protocolo «claro y lógico» de actuación en los casos de expulsiones o repatriaciones por vía aérea, y demandó la habilitación de aviones especiales para los traslados, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo en aeronaves comerciales.

El portavoz del SUP, Maximiliano Correal, manifestó la necesidad de que este protocolo regule el número de policías que han de acompañar en un vuelo a un expulsado, dependiendo de su peligrosidad, lo que aseguró que «en la actualidad no está determinado».


Aviones militares


Por su parte, el Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y sindicatos de tripulantes de cabina pidieron que los expulsados y deportados no sean trasladados en aviones de línea regular. Su portavoz, Javier Iglesia, pidió la elaboración de un protocolo de actuación en los traslados en vuelos comerciales, y sugirió que, hasta que no haya una normativa «clara y segura», los deportados viajen en aviones militares.


El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecerá próximamente en el Congreso para informar de las circunstancias de la muerte de ese inmigrante nigeriano. Minutos antes, el Partido Popular había solicitado su comparecencia.