El juez y la Fiscalía del Tribunal Superior de La Rioja se oponen a que el Gobierno indulte a los tres empresarios de Baños de Río Tobía condenados por la muerte del joven ecuatoriano Juan Carlos Vallejo, fallecido en accidente laboral en agosto de 2003. Los tres miembros de la familia Amutio solicitaron al Ejecutivo de la nación la medida de gracia después de haber recurrido sin éxito a distintas instancias la sentencia que les condenó a tres años de cárcel y al pago de 150.000 euros como autores de los delitos de contratación ilegal e imprudencia grave. En su lucha en favor de la excarcelación encontraron el apoyo del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que llegó a afirmar que «las tres personas son cumplidoras de todas sus obligaciones personales y morales», y les ponía como «ejemplo de ciudadanos cívicos, integrados y responsables».

La sentencia consideró probado que el inmigrante ilegal, de 20 años, había sido contratado de forma verbal, sin previa obtención del permiso de trabajo, sin ser dado de alta en la Seguridad Social y sin hacer constar el salario pactado. Vallejo halló la muerte en un montacargas que carecía de las normas de seguridad exigidas. Uno de los condenados descubrió el cadáver, escondió el buzo azul y las botas de la empresa y luego dijo a la Guardia Civil que la víctima era un delincuente que había entrado a robar.