Las organizaciones sociales que trabajan con inmigrantes coinciden en exigir a la administración transparencia en la ejecución de las expulsiones para evitar abusos. En su último informe, Amnistía Internacional ha denunciado que en 2006 «se siguieron dictando órdenes de expulsión contra inmigrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios» para regularizar su estancia en el país. Miles de subsaharianos viven en España en esta situación: pende sobre ellos una orden de expulsión que no puede ser ejecutada por falta de acuerdo con los países de origen. No son repatriados, pero tampoco pueden aspirar a conseguir papeles, lo que les sitúa en un callejón sin salida. Las ONG calculan que en Murcia viven unas 3.000 personas en esta situación.

En los últimos meses, el Gobierno ha cerrado acuerdos con algunos gobiernos africanos. Por eso, ahora se ejecutan más órdenes de expulsión que antes. Las ONG piden que se respeten los plazos para interponer recursos y la asistencia de un abogado. Aspectos «que son ahora más respetados que antes», según la Plataforma Convivir sin Racismo.