Cada inmigrante latinoamericano envía unos 3.000 euros al año a su país de origen, es decir, el 15% de los ingresos que obtiene en España. Con este dinero, que el pasado año superó en total los 3.730 millones de euros, viven ocho millones de personas en ese continente. La transacción media por trabajador es de 270 euros, y la repiten unas diez veces por ejercicio. El problema para este colectivo es que cada operación les cuesta una media de cuatro euros – en torno al 2% de la cantidad remitida – , suma que varía en función de que acudan a una compañía especializada en remesas o a un banco o caja de ahorro. La última regulación sobre las remesas ha provocado un aumento de las tarifas.
La última actualización del censo revela que en España trabajan 1.820.000 inmigrantes latinoamericanos – el triple que hace cinco años – , que representan el 5% de la población adulta del país y el 7% de la fuerza laboral. En su mayoría (60%) proceden de la zona andina – Ecuador (414.000), Colombia (136.000) y Perú (126.000) – , y son quienes llegan de regiones más pobres los que en mayor número mandan dinero, aunque en menores cantidades. Según un estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que recoge todas estas cifras, siete de cada diez inmigrantes vinieron en los últimos cinco años, y en gran medida trabajan en el sector servicios – empleados domésticos, limpieza, peluquería, restauración – (41%) , en la construcción (24%) y en la industria (6%).

Su integración real en la economía española no se suele producir hasta pasados tres años, cuando sus ingresos superan los 10.000 euros anuales – lo que ocurre en el 71% de los casos – , tienen una cuenta bancaria (87%) y cotizan a la Seguridad Social (86%). Los ingresos totales que perciben estos inmigrantes en España superan los 30.000 millones de euros, de los cuales el 90% lo gastan en los territorios donde viven.

Las autonomías con mayor población son también las que cuentan con más trabajadores extranjeros, de manera que Madrid lidera el envío de remesas a sus países de origen – 1.074 millones de euros anuales – , seguida de Cataluña (673 millones) y Comunidad Valenciana (408 millones) y Andalucía (315 millones).

La nueva regulación

Desde mediados de febrero pasado, las casas de cambio y las remesadoras tienen que identificar a los clientes que les solicitan operaciones de cambio de moneda extranjera o servicios de envío de dinero, medida que han aprovechado muchas de ellas para encarecer sus tarifas. La nueva regulación persigue el blanqueo y les obliga, además de a guardar copia de esos documentos de identificación, a obtener información adicional de la actividad de la que proceden los fondos cuando un usuario les plantee remesas o cambio por importes superiores a 3.000 euros en el plazo de un trimestre. Según el Banco de España, hasta febrero los inmigrantes habían enviado a sus países de origen 1.249 millones de euros, casi un 40% más que hace un año.

Un informe presentado por la Oficina Económica de La Moncloa el otoño pasado revela que, al menos, la mitad del superávit que alcanzaron las administraciones públicas en 2005 – unos 5.000 millones de euros, equivalentes al 0,5% del PIB – se debieron directamente a la inmigración.

En la raíz de estas cifras está el desequilibrio actual de las pensiones: los inmigrantes reciben apenas 400 millones de euros por este concepto, cuando su cotización supera los 8.000 millones.

Con esos mismos datos, la población inmigrante, casi el 8,8% del total, aportó a los ingresos fiscales 23.042 millones de euros, una cuantía equivalente al 6,6% de la recaudación global. Sin embargo, su «cuota» de gasto público se quedó en 18.618 millones de euros, apenas el 5,4% del total, de donde se deduce un desequilibrio cercano a los 5.000 millones de euros. La Oficina Económica de la Moncloa proyectó esa cifra hacia el futuro: tendrá que pasar más de una década para que se reinvierta la tendencia porque, en los próximos años, la contribución neta está asegurada hasta 2011, como poco.