D. B. L.

MADRID. España debe a los inmigrantes que residen y trabajan en nuestro país más del 90% del crecimiento medio del PIB de los últimos cinco años, según datos recogidos en el estudio «Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España», realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

De los datos que se desprenden del ensayo, entre 1996 y 2005 la contribución de la inmigración supuso el 39% del crecimiento medio del PIB español, pero si se mide entre 2001 y 2005, la aportación supera entonces el 90% del crecimiento total.

Asimismo, la inmigración ha ayudado a controlar la inflación gracias a su capacidad de ahorro, de forma que España sin inmigrantes tendría un 0,5% más de inflación media, lo que supondría una cifra próxima al 3%, si nos acogemos al último dato de inflación interanual que se situaba en mayo en el 2,4%, según indicó uno de los editores y coautor del libro, Juan José Dolado.

Pagar por venir a trabajar

La solución que el estudio de Fedea propone para erradicar la inmigración ilegal en España consiste en conceder visados de trabajo temporal de hasta cinco años (los actuales son de tres meses) a los extranjeros que quieran venir a trabajar a nuestro país, para lo cual deberían pagar un total de 2.500 euros, según la propuesta lanzada por Dolado y el también director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez.

La distribución de los visados se haría a través de un pago inicial de unos 1.000 euros, sólo por entrar, como medio para financiar la administración de los mismos y facilitar el acceso a las prestaciones del sistema educativo y sanitario públicos, a los que habría que sumar un depósito de otros 1.500 euros que sería devuelto al inmigrante en caso de que abandonara el país. La intención de la «fianza» es la de promover la inmigración «de ida y vuelta para no descapitalizar al país de origen», pudiendo ser financiado, según señaló Dolado, por la empresa que contrate al trabajador.

En concreto, se establecerían dos tipos de visados, uno para los que vengan con un puesto de trabajo con un periodo inicial de dos años ampliable a tres, y otro para los que vengan a buscar empleo, cuyo plazo para encontrarlo sería de seis meses para optar al modelo anterior. Este proceso, según precisó Dolado, no es una invención propia sino una adaptación de lo aplicado por Israel tras la Segunda Guerra Mundial.