El ministerio fiscal solicita sendas penas de nueve años de cárcel para la dueña y el encargado del Club Blue Palace, de Cenicero, por prostituir en el local a tres menores rumanas que un tercer encausado en este mismo procedimiento, para el que se piden ocho años, trajo a España mediante una cuarta persona que residía en Zaragoza y que se encuentra en situación de rebeldía procesal.

Estas menores llegaban en autobús desde Rumanía a Zaragoza, donde se les retiraban los pasaportes, y de aquí eran trasladadas hasta el club de Cenicero para ejercer la prostitución, trabajo por el que percibían el 25 por ciento de las ganancias netas obtenidas. La denuncia presentada por el familiar de una de ellas permitió detener a los procesados.

La dueña del club, una joven de 27 años de origen checo que tenía reservada su propia habitación en el establecimiento, no sólo recaudaba los ingresos obtenidos por las chicas, sino que controlaba además sus entradas y salidas.

Por su parte, el encargado del local tenía como cometido principal hacerse con mujeres que vinieran a ejercer la prostitución, y se ocupaba además de otros clubes de alterne en Lérida y Zaragoza con los que intercambiaba chicas que previamente habían trabajado en el Blue Palace. Un club en el que las mujeres que ejercían la prostitución, en algunos momentos hasta 25, aparentaban ser huéspedes de las habitaciones del hotel, hospedaje por el que pagaban 50 euros diarios.

Tanto el encargado como la dueña llevaban un control riguroso de las chicas, que tenían un horario para alternar con los clientes. Se anotaba además cada uno de los servicios y se fijaban penalizaciones económicas de 6, 12 y 18 euros en el caso de que las chicas rebasaran el tiempo límite que podían pasar con cada hombre.

Asimismo se les incitaba a mantener relaciones sexuales, indicándoles que no debían alternar más de diez minutos con un cliente que no quisiera tener un contacto sexual.

Al margen de esto, las chicas que en su actividad no obtuvieran suficientes ingresos eran retiradas del club.

Estos hechos que juzgará la Audiencia Provincial se remontan a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, cuando la gran mayoría de las chicas que trabajaban en el club carecían de permiso de trabajo y de residencia. Su llegada a España había sido sufragada económicamente por personas que luego contactaban con los encargados de los clubes y a quienes las chicas debían pagar la deuda contraída.