LA policía ha descubierto que hay extranjeros que se empadronan en España desde sus países de origen, sin necesidad de pisar nuestro país ni por supuesto tener domicilio fijo aquí, que precisamente es la condición legal necesaria para poder inscribirse. Este fraude es posible gracias a la actuación de redes de intermediarios, que llegan a cobrar hasta 8.000 euros por gestionar los documentos, a las grandes facilidades que dan los ayuntamientos para empadronarse – incluso puede hacerse por internet- y a la ausencia de verificación de que los datos que se aportan son ciertos, ya que los funcionarios carecen de mandato legal y de medios para ello. La policía desconoce el alcance de este fraude detectado en el padrón.

El primer derecho que se obtiene por el hecho de estar empadronado es la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social. El citado fraude, por tanto, permite que ciudadanos extranjeros que viven en sus respectivos países dispongan de dicha tarjeta y viajen a España para recibir una atención sanitaria y un tratamiento médico que legalmente no les corresponde.

Asimismo el certificado de empadronamiento, que es la hipotética garantía de que se vive en un lugar concreto, es una de las pruebas que se exigen para demostrar el arraigo social en el país y poder tramitar la solicitud de residencia, algo que gracias a dicho fraude se puede realizar también a distancia.

Esta picaresca debe acabarse. Hay que exigir a las autoridades municipales, principales responsables del padrón, tanto de ayuntamientos grandes como pequeños, que aumenten el control sobre las inscripciones que se realizan para asegurar la veracidad de los datos, especialmente la existencia de domicilio fijo en el municipio. Ello no sólo es importante a efectos de planificación sanitaria y de control de la inmigración, sino también a efectos estadísticos y de seguridad.