La Policía Nacional ha detectado que la facilidad que ofrecen muchos ayuntamientos a la hora de inscribirse en los municipios es utilizada por una minoría de extranjeros, preferentemente magrebíes, para empadronarse y obtener tarjetas sanitarias españolas sin haber pisado jamás territorio español. Según los agentes, algunas de estas personas se establecen en nuestro país o simplemente utilizan el sistema sanitario español cuando les conviene. Ante esta circunstancia, un amplio sector de la policía española denuncia la situación y pide públicamente a través de sus sindicatos que se habilite acceso libre informático al padrón, al menos para investigar casos de terrorismo y delincuencia organizada.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía del área de extranjería y otros cuyo destino ha sido Argelia y Marruecos han dado la voz de alarma ante el avance de métodos fraudulentos de obtención de documentos españoles incluso sin pisar territorio español. El asunto arranca, afirman estos policías, de las facilidades de inscripción que ofrecen los ayuntamientos aunque éste no sea, sin embargo, el quid de la cuestión. El problema radica, dicen, en que los ayuntamientos no ofrecen estos datos a la seguridad del Estado de forma sistemática aunque admiten que para facilitar esta medida tal vez habría que modificar la ley de Protección de Datos, en la que muchos municipios se escudan. Mientras, aducen los agentes, los grupos delictivos que negocian con la inmigración irregular han averiguado que no existe conexión entre la policía y los registros municipales y se están aprovechando de ello para hacer un negocio del que se desconoce su dimensión.

Dado que el certificado de empadronamiento es la garantía de que se vive en un lugar concreto y que, entre otros documentos, es una de las pruebas para demostrar el arraigo para la solicitud de residencia, los extranjeros en situación irregular se inscriben inmediatamente. Para ello necesitan demostrar ante la administración local que residen en algún lugar concreto. Sin embargo, a la hora de la verdad, la inexistencia de un domicilio no está impidiendo el empadronamiento. Esto se debe a que los municipios han facilitado tanto los procedimientos para estas inscripciones que el asunto ha llegado hasta la paradoja de extender certificados de empadronamiento en los que se hace constar que el inscrito no tiene domicilio.

La Vanguardia ha reunido abundantes pruebas documentales de este contrasentido que afecta, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, que se da la contradicción de que un ayuntamiento certifica que no sabe dónde vive un ciudadano, de tal suerte que esas personas son inaccesibles y por lo tanto no pueden ser requeridas, por ejemplo, para pagar los correspondientes impuestos municipales. Según las fuentes policiales, este caso no es, ni mucho menos, exclusivo de Barcelona. También señalan que con demasiada frecuencia detectan decenas de personas empadronadas en una misma dirección en la que no viven, lo que consideran una prueba más de la debilidad de los requisitos exigidos y un hecho que facilita los empadronamientos sin pisar España.

La ley orgánica de Extranjería, que técnicamente se denomina “de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, exige a las administraciones públicas que colaboren en la creación de un registro central de extranjeros. Algunos ayuntamientos remiten datos pero se limitan a dar información estadística por nacionalidades. Es decir, datos de escaso valor para los policías ocupados en descubrir irregularidades. “Los ayuntamientos sólo deben ajustarse a la ley”, afirma un inspector con amplia experiencia en materia de extranjería.

Sin embargo, otros órganos de la Administración sí tienen acceso a esos datos de forma automática y también los juzgados pueden hacer las consultas que precisen.

“Los grupos operativos de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía pedimos acceso a las aplicaciones informáticas de los municipios del padrón sólo para consultas sobre extranjeros en situación irregular. Solicitamos el mismo acceso y con las mismas garantías que damos cuando, por ejemplo, consultamos las matrículas de los coches”, explica Rodrigo Gavilán, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), mayoritaria en la policía en coalición con otra central, la Unión Federal de Policía. Sin embargo, esta petición no podría satisfacerse si no se centralizan los datos en un registro general de extranjeros. “No podemos enviar un escrito a cada uno de los ayuntamientos de España por cada uno de los extranjeros que tratamos de identificar”, se lamenta Gavilán. La misma queja que La Vanguardia ha recogido entre funcionarios de otros sindicatos.

Hay casos en que la policía consigue datos del padrón: cuando tiene un mandamiento judicial y sabe en qué localidad vive el extranjero sin identificar, y cuando un agente de la Policía Nacional pide el favor a un policía local, que sí tiene acceso al padrón.