La Comisión Europea quiere aclarar las reglas de salvamento y desembarco de inmigrantes ilegales en peligro en el mar, teniendo en cuenta las lagunas que presenta sobre esta cuestión el derecho marítimo, demostradas con el rechazo de Malta de dejar desembarcar clandestinos rescatados por un pesquero español.

Las imágenes de los inmigrantes aferrados a la parte flotante de una jaula de cría de atunes en el Mediterráneo puso en evidencia, una vez más, el peligro de esas travesías desde Libia hacia Malta o Italia en embarcaciones con exceso de carga o inadecuadas para navegar.

Según los testimonios de los náufragos, barcos malteses habrían pasado cerca de ellos sin socorrerlos. “Todo capitán de barco tiene la obligación de socorrer a las personas en peligro”, señaló Friso Roscam Abbing, portavoz de comisario europeo de Justicia, Franco Frattini.

En un estudio sobre “El derecho internacional en relación con la inmigración ilegal en el mar”, la Comisión recuerda, además, que los Estados costeros se reparten zonas de búsqueda y salvamento en las cuales deben tener servicios operativos las 24 horas del día. El problema de este sistema es que Libia no definió su zona de salvamento.

Si ciertos capitanes pueden verse tentados de incumplir con sus obligaciones es por miedo de ver que su barco luego no tendrá autorización para entrar a puerto, ya que ningún país quiere hacerse cargo de nuevos refugiados.

Según las reglas europeas, es el Estado en el que desembarcan los clandestinos el que debe determinar si pueden asilarse en la UE. Por ello, el barco español ‘Monfalcó’, que rescató a 26 clandestinos el fin de semana pasado frente a las costas de Malta, no pudo desembarcar en ese país, así como tampoco en Libia e Italia.

Libres de responsabilidades

En consecuencia, España debió enviar un barco de rescate hacia el ‘Montfalcó’ para recoger a los inmigrantes, en un momento en que las condiciones de navegación en el Mediterráneo son difíciles.

Las convenciones sobre el derecho marítimo son vagas en ese sentido, ya que prevén que los Estados costeros deben hacer que los navíos que hayan efectuado un salvamento sean liberados de su responsabilidad “lo más rápido posible”.

Además, la Organización Marítima Internacional con sede en Londres “no tiene responsabilidad de verificar si los Estados aplican esos textos”, explicó su portavoz, Lee Adamson. “La UE no puede reescribir la legislación de la ONU. Sólo podemos lanzar un llamamiento a los Estados miembros para completar lagunas que existen desde hace décadas”, subraya un funcionario europeo.

En ese sentido, están previstas reuniones en las próximas semanas para definir las responsabilidades de los Estados miembros que participan en las patrullas conjuntas, organizadas por la agencia europea de fronteras FRONTEX. Estas patrullas se llevan a cabo actualmente frente a las islas Canarias, en el océano Atlántico.