El anuncio del Gobierno regional de iniciar, por trámite de urgencia, el proceso para abrir un nuevo centro de atención a menores inmigrantes no acompañados (menas) en La Cantueña (Fuenlabrada) ha hecho saltar las alarmas en el gobierno municipal fuenlabreño, que preside el alcalde Javier Ayala (PSOE). La noticia les ha causado «sorpresa e indignación», dijeron, porque ha sido una decisión tomada «de manera unilateral», y contra la que iniciarán acciones legales, incluso por la vía penal, advierten. El Gobierno regional pone en marcha este centro dada la creciente llegada de menores solos: aseguran que desde enero han recibido más de 1.000 menores, más que en todos 2023.

Desde el Ayuntamiento fuenlabreño consideran «muy sorprendente» que la Comunidad de Madrid haya tomado esta decisión «a sabiendas de que este equipamiento es contrario a los usos permitidos en el planeamiento vigente», y también «incumple de manera flagrante el acuerdo de cesión firmado en su momento para este espacio».

El edificio, propiedad de la Comunidad de Madrid, es fruto de una cesión con el municipio que «tenía una finalidad concreta que no es la que se le pretende aplicar», explican desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, lo que podría dejar sin efecto el convenio de cesión, avisan. La Comunidad contraataca: el inmueble lleva años en desuso y el Ayuntamiento «no ha mostrado el más mínimo interés por darle un contenido social».

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Preguntados por si habría otro espacio alternativo donde abrir el centro, fuentes municipales lo rechazaron: «La Comunidad no se han sentado con nosotros, han adjudicado las obras por vía de emergencia, suponemos que a dedo, y no han hablado con los ayuntamientos para ver cómo se puede hacer esto; no hay opción de darles un espacio alternativo porque no nos lo han dado como un proyecto que se presenta, sino como un hecho».

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La Consejería de Familia y Asuntos Sociales afirma que hizo una comunicación al Ayuntamiento de Fuenlabrada por el cambio de uso en el recinto, y el Gobierno municipal contestó rechazándolo el 22 de abril. Pese a lo cual, el proyecto seguirá adelante por «emergencia e interés general», según recoge el artículo 163 de la Ley de Suelo regional, explicaron.

Denuncian que la negativa municipal está «vestida de excusas administrativas» y es muestra de «la hipocresía y doble moral de una izquierda que se llena la boca de solidaridad en sus discursos pero que a la hora de la verdad, demuestra con hechos que no quiere a menores inmigrantes en su municipio».

La Comunidad denuncia la «hipocresía y doble moral de la izquierda»: «no quiere a menores inmigrantes en su municipio»

En la actualidad, existen dos centros de atención a menores inmigrantes en la Comunidad, los dos en Madrid capital: en Hortaleza y en la Casa de Campo. En ambos, ha habido numerosas protestas de vecinos de la zona. El tercero, el de Fuenlabrada, supondrá invertir 6,9 millones y estará operativo en el segundo semestre del año en curso.

Independientemente del color político, el rechazo a estos centros suele ser general. En 2018, cuando también hubo llegadas masivas de inmigrantes, la Comunidad pidió colaboración municipal a través de la Federación de Municipios. Ningún ayuntamiento se ofreció; sólo Manuela Carmena ofreció un espacio que se rechazó por inapropiado.