Un total de 392 personas en exclusión social vieron reconocida el año pasado su situación tras la valoración de los servicios del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación. Siete de cada diez son varones repartidos por 18 municipios del territorio y el 90% de las valoraciones se realizó en tres comarcas: Donostialdea, Tolosaldea y Debagoiena.
La Diputación señala que utiliza una metodología de trabajo distinta a la que sirve de base a Foessa. “La actual concepción de la exclusión social nos remite a un fenómeno multidimensional en el que no son solo la vivienda, la educación, la salud y otras necesidades las que lo provocan, sino que hablamos de afectación grave de los recursos personales y relacionales. Es decir, no solo de los materiales”.

MÚLTIPLES CARENCIAS
Las personas en esta situación se ven afectadas por múltiples carencias que persisten en el tiempo. A este respecto, según la información facilitada por la Diputación, en 2021 se realizaron en Gipuzkoa 391 valoraciones de exclusión, y hasta el 31 de marzo de este año se han llevado a cabo 88. La lista de espera se interpreta como el tiempo que transcurre desde que la solicitud llega a la Diputación hasta que se le asigna un profesional que inicia la valoración técnica.

Si bien actualmente no hay personas en riesgo que aguardan para someterse a la evalución, el Departamento de Políticas Sociales indica que en 2019 eran 33 las personas a la espera de que se les asignara un profesional valorador. La mitad de ellos, entre 19 y 35 años, de países como Argelia, Etiopía, Marruecos, Mauritania y Senegal, además de estatales.

La Diputación recuerda que en marzo de 2020, una vez que se decretó el primer estado de alarma, “durante varias semanas no fue posible realizar las entrevistas pertinentes”. No obstante, durante el periodo de confinamiento se atendieron a 123 personas en situación de vulnerabilidad social en los distintos centros covid habilitados.

Según el informe Foessa, ser persona extranjera en Euskadi es un factor de exclusión, situación en la que se encuentran casi 6 de cada diez hogares encabezados por una persona foránea, lo que quintuplica a la tasa de autóctonos. La Diputación también identifica a inmigrantes con pocos ingresos como uno de los perfiles a atender en este periodo post-pandemia.

Junto a este colectivo han aflorado también las carencias de familias monomarentales, jóvenes con problemas de salud mental y consumos y personas sin hogar. El último informe Foessa constata que, a pesar de que se mantienen tasas elevadas de integración social, crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa. La Diputación comparte esta lectura. “A pesar de que globalmente el conjunto de la sociedad está en mejor situación, esto implica una subida en el estándar comparativo, por lo que según señala el Ejecutivo foral las personas en peor situación siguen sin poder salir de ese grupo de cola”.

Según la información facilitada por la Diputación, hay además otras 87 personas en riesgo de exclusión social, cuya franja de edad se sitúa principalmente entre los 18 y 40 años. El 67% es de origen extranjero. El grueso principal es del Magreb (64%), seguido del colectivo de procedencia latinoamericana (12%) y de África occidental, en un 11% de casos.

Un total de 33 personas se encuentran además en situación de exclusión social “grave”, es decir, viven prácticamente al margen de la sociedad, en total ausencia de relaciones afectivas.

La Diputación también ha valorado a 186 personas en exclusión social leve, ya que se encuentran en una primera fase de desarraigo y con frágiles contactos familiares. Además, hay otras 173 que han roto sus lazos sociales más básicos.
VALORACIÓN SIN LISTA DE ESPERA
Según el último informe de la Fundación Foessa, las consecuencias socioeconómicas que ha dejado la pandemia sitúan a 199.000 personas en situación de exclusión severa en Euskadi y profundiza las brechas de desigualdad, si bien se mantienen tasas elevadas de integración social (56,5%). En Gipuzkoa no existe, pese a todo, lista de espera para valorar a personas en exclusión.

Así se desprende de la respuesta por escrito del área que dirige Maite Peña a una pregunta del grupo Elkarrekin Gipuzkoa en las Juntas Generales. “A medida que llegan las solicitudes se verifica si los solicitantes cumplen con los requisitos administrativos y en caso afirmativo se inicia la valoración. En la actualidad no existe lista de espera”, indica en su respuesta por escrito la Diputación.

Desde la Fundación exponen que “preocupa” especialmente la población denominada “sociedad expulsada”, aquella que se sitúa en el espacio más extremo de la exclusión severa, y que ha pasado de afectar a 20.000 personas en 2018 a más de 100.000 en 2021.